En una operación conjunta entre la Agencia Tributaria, la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, se logró desarticular una trama de blanqueo de dinero que operaba en Mallorca y tenía su origen en fondos de obras públicas en Guinea Ecuatorial.

La red había logrado blanquear más de diez millones de euros a través de un complejo entramado societario internacional.

La investigación llevada a cabo permitió imputar a ocho personas, de las cuales dos fueron detenidas, incluyendo al presunto organizador de la red, un ciudadano holandés residente en Palma.

Se les acusó de delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal relacionados con actividades de corrupción en el ámbito de los negocios internacionales.

Durante la operación, se intervinieron once inmuebles pertenecientes a las sociedades investigadas, con un valor superior a los cinco millones de euros.

Además, se incautaron cuentas bancarias, vehículos, relojes y otros bienes valuados en más de 550.000 euros.

El registro realizado en la vivienda del organizador de la trama en Palma permitió la incautación de más de 13.000 documentos y 43 dispositivos electrónicos con información relevante para la investigación judicial en curso.

Según la información recabada, se encontraron evidencias de un concierto para delinquir entre los implicados, facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría, que evidencian el desvío de fondos procedentes de la obra pública en Guinea Ecuatorial y su posterior blanqueo a través de empresas pantalla y operaciones de ocultamiento de fondos.

La trama había creado una estructura societaria internacional compleja para canalizar las comisiones ilegales, controlada a través de fideicomisos y sociedades en países como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Holanda.

Los fondos eran posteriormente invertidos en empresas controladas por los implicados en España y Holanda.

Parte de los fondos desviados se habrían invertido en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca, alcanzando una inversión de más de 3,5 millones de euros.

Otra parte significativa habría sido destinada a inversiones en Holanda, utilizando sociedades pantalla para ocultar las transacciones.

La complejidad de esta investigación radica en la elaborada estructura societaria internacional, que implicó solicitudes de información a terceros países y un exhaustivo análisis de la operativa financiera, mercantil y societaria, así como el procesamiento de la documentación intervenida durante los registros.