El Automóvil Club Argentino y la Asociación Corredores Turismo Carretera mantienen un choque por la fiscalización del automovilismo nacional.
En los últimos años, Argentina ha sido testigo de numerosas divisiones en distintos sectores, y el automovilismo no ha sido una excepción.
Este conflicto ha cobrado una gran relevancia, especialmente debido al papel que desempeña el Automóvil Club Argentino (ACA), el organismo rector de este deporte en el país.
La ACA está alineada con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), lo que le otorga un poder considerable.
Sin embargo, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) ha ganado terreno en la fiscalización de diversas categorías de competición, como el Turismo Carretera, que tienen una historia rica en el automovilismo argentino y que han sido su piedra angular desde 1979, después de un conflicto previo que permitió a la ACTC consolidar su influencia.
Un punto crítico en este conflicto es el incumplimiento del Código Deportivo Internacional establecido por la FIA, que ha permitido a la ACTC incrementar su mapa de fiscalización, rompiendo el acuerdo de 2001 que trataba de regular la relación entre ambas entidades.
Dentro del ACA, la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) es la encargada de supervisar las competencias, incluidas categorías como el TC2000 y el Top Race.
A partir de 2024, se prevé que se produzcan numerosos cambios en la estructura del automovilismo argentino.
La llegada de César Carman como presidente del ACA y Eugenio Breard a la CDA marca un nuevo capítulo.
Carman, hijo y nieto de expresidentes de la institución con 120 años de historia, expresó en una reciente entrevista que no hay antagonismo entre el ACA y la ACTC, pero señalan conflictos de interés al asumir roles de organización y fiscalización.
"Creemos que no es correcto que la ACTC expanda su influencia sobre categorías adicionales.
Llamamos a estas competencias no reguladas 'clandestinas', ya que no están bajo nuestra supervisión", sostuvo Carman.
El presidente del ACA también subrayó que el conflicto no tiene motivaciones políticas, a pesar de lo que algunos medios han insinuado.
"Desde nuestra perspectiva, este problema es puramente administrativo y deportivo", aclaró.
A medida que avanza el tiempo, se rumorea sobre la posibilidad de acciones legales por parte de la ACA para abordar este problema.
Carman mencionó que se está considerando esta opción, aunque no es experto en derecho.
Sin embargo, subrayó la necesidad de que este conflicto se resuelva dentro del marco normativo adecuado para garantizar la seguridad de los pilotos.
En medio de este enfrentamiento, ha surgido un nuevo protagonista: la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo (COPAM). Esta entidad, establecida por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ha puesto en jaque las ambiciones de la ACTC, ya que su normativa sugiere que solo competiciones afiliadas a la COPAM pueden ser reguladas.
Esta situación se vuelve más crítica a la luz de un accidente trágico ocurrido en julio, donde un piloto perdió la vida en un evento autorizado por la COPAM, lo que ha suscitado mezclas de responsabilidades y cuestionamientos a la legitimidad de la ACTC.
En conclusión, el automovilismo argentino enfrenta un periodo de tensión y reacomodamiento, donde las disputas por la fiscalización y regulación están en el centro del debate.
El futuro del automovilismo nacional dependerá de cómo se resuelven estas diferencias y cómo las entidades buscan caminos para colaborar y asegurar la continuidad y seguridad de las competiciones.