La reelección de Claudio Tapia como presidente de la AFA enfrenta serias objeciones legales por parte del Gobierno Nacional, lo que podría poner en riesgo su continuidad en el cargo.
La reciente reelección de Claudio Chiqui Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha desatado una ola de controversias, dando lugar a reacciones inmediatas por parte del Gobierno Nacional.
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, fue claro al expresar que el proceso llevado a cabo durante la Asamblea ordinaria en el complejo Lionel Andrés Messi de Ezeiza careció de legalidad.
Vítolo afirmó que "el proceso se dio de forma ilegal y no va a ser convalidado".
El responsable de la IGJ no solo cuestionó la forma en que se realizó la Asamblea, sino que también advirtió sobre las graves sanciones que podrían recaer sobre Tapia.
Según Vítolo, las acciones del presidente de la AFA lo podrían llevar a enfrentar serias consecuencias legales, poniendo en jaque su continuidad en el puesto.
"Nadie está por encima de la ley.
Tapia y los otros dirigentes deben acatar la resolución de la IGJ", enfatizó durante una rueda de prensa.
Este comentario resalta el principio básico del respeto a la ley y las regulaciones que rigen en el país.
El funcionario subrayó que durante la Asamblea se cometieron faltas graves como desobediencia judicial y actos societarios indebidos.
La IGJ había emitido un dictamen que prohibía la discusión de ciertos puntos del orden del día, incluyendo la reelección de Tapia y la modificación del estatuto, que implicaba el traslado de la sede principal de la AFA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires, lo que en términos legales puede tener implicaciones profundas.
"Los puntos tratados en la Asamblea son nulos y vamos a proceder con las acciones legales correspondientes", remarcó Vítolo, subrayando que los miembros del Consejo Directivo y los asambleístas podrían estar incurriendo en un delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal argentino, relacionado con la desobediencia a las autoridades judiciales.
Para asegurar la legalidad del procedimiento, la IGJ envió a veedores a la Asamblea, incluyendo al director nacional de Entidades Civiles, Juan Carlos Pratesi, junto a inspectores en法律 de la IGJ como Mara López y Ariel Delgado, quienes vigilaron el cumplimiento de las disposiciones legales.
A medida que se desarrolla esta situación, se observan paralelismos con otros episodios históricos en el fútbol argentino, donde la política y las organizaciones deportivas a menudo chocan, como la famosa crisis de 1983 que culminó con la intervención del Estado en la AFA, un claro recordatorio de lo volátil que puede ser la relación entre el deporte y el poder gubernamental.
Es evidente que lo que ocurre en la AFA tiene un carácter trascendental no solamente para el fútbol argentino, sino también para la política en general, interactuando en un ámbito donde la ley y el poder pueden entrar en conflicto.