La Asamblea Ciudadana por el Clima de Cataluña buscará soluciones al reto climático a través de la participación ciudadana.

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Cataluña ha decidido tomar medidas contra el cambio climático y ha creado la Asamblea Ciudadana por el Clima, un organismo formado por 100 ciudadanos seleccionados al azar.

Estos ciudadanos tendrán la tarea de analizar, discutir y proponer soluciones en el ámbito climático, centrándose en dos desafíos específicos: las energías renovables y el modelo agroalimentario.

Una vez finalizados sus trabajos, la Asamblea entregará sus recomendaciones a la Generalitat, que evaluará e incorporará estas propuestas a las políticas del país.

Los objetivos de la Asamblea son escuchar las ideas de los ciudadanos sobre el cambio climático, las energías renovables y el modelo alimentario del futuro, así como generar conocimiento sobre los desafíos de la emergencia climática en Cataluña.

Además, busca involucrar a la ciudadanía en la definición de políticas públicas, más allá del voto.

El proceso de selección para formar parte de la Asamblea es abierto a todos los ciudadanos catalanes mayores de 16 años que no ocupen cargos electos.

Se han enviado 20.000 invitaciones por correo postal y los interesados tienen hasta el 22 de octubre para enviar su formulario de inscripción. Con el fin de garantizar la diversidad, la Asamblea estará compuesta por personas de diferentes géneros, edades, niveles de educación, territorios y orígenes.

Además, cada miembro de la Asamblea recibirá una compensación económica de 65€ por cada sesión de trabajo, así como servicios de transporte, catering, alojamiento y cuidados para facilitar su participación.

La Asamblea Ciudadana por el Clima de Cataluña se reunirá en 6 sesiones de trabajo, desde el 18 de noviembre de 2023 hasta el 10 de febrero de 2024.

No es necesario tener conocimientos previos sobre cambio climático para participar, ya que contarán con el apoyo de expertos en diferentes áreas que compartirán su conocimiento.

Las propuestas aprobadas por la Asamblea serán evaluadas por la Generalitat, que decidirá si se incorporan a las políticas públicas. Se rendirán cuentas a los miembros de la Asamblea para explicar qué propuestas se han incluido y cuáles se han excluido, así como los motivos detrás de estas decisiones.