La Junta de Castilla y León abrirá el 1 de febrero el periodo para las solicitudes de la PAC 2025, con una asignación cercana a 1.000 millones de euros para el sector agrícola y ganadero.
Durante una reciente visita a la finca Monte Rocío en Villalba de los Alcores, el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, junto con el director general de Política Agraria, Ángel Gómez, destacó la importancia de este proceso para asegurar el ingreso básico de los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
Este año, las ayudas incluirán pagos complementarios, especialmente dirigidos a las primeras hectáreas de explotación y a los jóvenes agricultores que cumplan con los requisitos establecidos, con un tope de 100 hectáreas.
Las solicitudes se gestionarán a través de un programa desarrollado por la Consejería, que incluye todas las novedades para facilitar su presentación y minimizar errores.
Este sistema ha permitido a #Castilla y León mantenerse a la vanguardia en la ejecución de pagos, siendo el único organismo en España que en 2024 anticipó el pago completo de todas las ayudas directas.
Para más información sobre la campaña #PAC 2025, la Junta ha habilitado un portal web donde se pueden consultar aplicaciones informáticas, la normativa vigente y detalles específicos de cada explotación.
La PAC 2025 también traerá novedades significativas
La PAC 2025 también traerá novedades significativas, especialmente en lo que respecta a normas de condicionalidad y ecologismo, en respuesta a las demandas de flexibilidad del sector agrícola.
Por ejemplo, se eliminarán los controles en explotaciones de hasta 10 hectáreas, y se introducirán excepciones para el cumplimiento de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM).
Además, se ha modificado la BCAM relacionada con la cobertura mínima del suelo, permitiendo labores verticales no profundas tras la cosecha de cultivos herbáceos.
En cuanto a la rotación de cultivos, se exigirá que al menos un 33% de las parcelas cambien de cultivo cada tres años.
Estas medidas buscan no solo facilitar el trabajo de los agricultores, sino también fomentar prácticas agrícolas sostenibles. La eliminación de la obligación de establecer superficies de barbecho es un reflejo de esta nueva filosofía.
La normativa autonómica también contempla medidas específicas para las explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales, donde los agricultores pueden recibir ayudas significativas que superan los 1.600 euros por explotación, y en algunas circunstancias, pueden llegar a más de 4.000 euros.
