La Junta de Castilla y León denuncia que los fondos otorgados por el Gobierno para la educación de 0 a 3 años cubren solo una pequeña parte del coste real, lo que genera preocupaciones sobre la calidad y sostenibilidad del sistema educativo en la comunidad.
La consejera de Educación, Rocío Lucas, afirmó en la reciente Conferencia Sectorial que el apoyo económico ofrecido por el Gobierno central para este nivel educativo resulta claramente insuficiente, ya que solo cubre aproximadamente el 15 % del coste total que asume la comunidad autónoma.
Actualmente, #Castilla y León invierte anualmente más de 60 millones de euros en garantizar una #educación gratuita y universal para los menores en esta franja de edad.
Sin embargo, a nivel nacional, la financiación global anunciada en la última Conferencia de Presidentes fue de 160 millones de euros para todo el país, una cantidad que la Junta considera claramente insuficiente para cubrir las necesidades reales de las familias y las instituciones educativas.
La consejera Lucas ha solicitado que esta dotación se aumente para acercarse a un 50 % del coste, en línea con otras comunidades autónomas que ya están destinando cifras mucho mayores en relación a su población y necesidades.
Para ponerlo en perspectiva, en euros, la inversión actual en Castilla y León supera los 55 millones de euros, pero la aportación del Gobierno central apenas cubre unos 8 millones, lo que refleja la disparidad y la carga desproporcionada que soporta la comunidad.
La insuficiente financiación no solo limita la calidad de los servicios, sino que también dificulta la ampliación de la oferta y la mejora de las instalaciones, afectando directamente a las familias y a los profesionales del sector.
Por otro lado, la Junta también ha manifestado su malestar por las transferencias destinadas a la compra de libros de texto, que apenas alcanzan el 5 % del presupuesto que le correspondería según los criterios establecidos.
Esto evidencia la poca prioridad que el Gobierno central otorga a la #educación infantil y a la equidad en el acceso a recursos educativos
Esto evidencia la poca prioridad que el Gobierno central otorga a la educación infantil y a la equidad en el acceso a recursos educativos.
Además, en materia de Formación Profesional, Castilla y León ha tenido que asumir la gestión y los costes de altas a la Seguridad Social del alumnado, lo cual genera una carga administrativa y económica adicional.
La comunidad ya advirtió que el tejido productivo no está preparado para incorporar a todos los alumnos en su primer año, por lo que se han adoptado medidas como agrupar todas las horas en el segundo curso del ciclo para facilitar la titulación.
También han solicitado al Ministerio una solución para los estudiantes extranjeros en situación irregular, quienes actualmente no pueden acceder a la formación debido a la exclusión del sistema de Seguridad Social.
En cuanto a la seguridad y la gestión de emergencias en los centros educativos, Castilla y León ha mostrado su desacuerdo con el nuevo Plan de Formación ante emergencias impulsado por el Ministerio, alegando que aumenta la carga administrativa para los docentes y que los objetivos ya se abordan en los currículos vigentes.
La propuesta de la Junta es que la formación del profesorado se inicie en el curso 2025-2026, para comenzar su implementación en septiembre de 2026, dejando la participación de personal externo y voluntarios de Protección Civil como complemento en actividades específicas.
