El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, realiza una visita a Sanchonuño, en Segovia, para evaluar los avances en la mejora de la cobertura de TDT en el medio rural, y reclama mayor implicación del Gobierno central en la financiación y apoyo a estos proyectos.
La visita se enmarca en un convenio suscrito entre la Junta Regional y la Diputación Provincial, cuyo propósito es mejorar la recepción de la señal en localidades como Caballar, Navafría y otros pueblos del entorno.
Este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia que la Junta ha implementado en los últimos años, para garantizar una cobertura adecuada en zonas rurales, donde históricamente la señal ha sido deficiente.
Castilla y León mantiene una red de 648 centros emisores de #TDT distribuidos por toda la comunidad, beneficiando a más de 350.000 habitantes del medio rural. La inversión anual en esta infraestructura supera los 6 millones de euros, una cantidad que la Junta financia en su totalidad para asegurar el acceso a los servicios de televisión en condiciones de igualdad.
En la provincia de Segovia, la administración autonómica opera 26 centros emisores, con un coste cercano a los 250.000 euros al año. Además, en 2024, la Junta destinó casi 1,000.000 de euros en ayudas para facilitar la transición a receptores SAT-TDT en HD, después del apagón de las emisiones en definición estándar, beneficiando a más de 2.300 familias en toda la región.
El convenio con los ayuntamientos ha permitido la instalación de nuevos centros emisores y la adecuación de emplazamientos existentes, como en Sanchonuño, donde se ha habilitado un nuevo centro en el depósito de agua del municipio.
Esta infraestructura, que ha supuesto una inversión cercana a los 60.000 euros, ya está operativa y proporciona cobertura a aproximadamente 1.000 residentes, resolviendo problemas de recepción que afectaban a la comunidad.
A pesar de estos esfuerzos, la Junta ha reiterado en varias ocasiones su petición al Gobierno de España para que asignen fondos específicos destinados a mejorar la infraestructura de conectividad en zonas rurales.
La Junta y las ocho diputaciones de #Castilla y León firmaron un manifiesto en el que exigen una mayor implicación financiera del Estado para garantizar el acceso universal a la televisión y a los servicios digitales
Hasta ahora, dichas solicitudes no han recibido respuesta. En febrero de 2024, la Junta y las ocho diputaciones de Castilla y León firmaron un manifiesto en el que exigen una mayor implicación financiera del Estado para garantizar el acceso universal a la televisión y a los servicios digitales.
Asimismo, la Junta presentó alegaciones al nuevo Plan Técnico de la TDT, aprobado en marzo de 2025, que obliga a la migración a la norma europea DVB-T2.
La actualización de los 648 centros emisores autonómicos, con una inversión estimada superior a 28 millones de euros, no fue tenida en cuenta en el texto final, lo que genera preocupación por la posible retraso en la implementación y la falta de recursos adecuados.
Estas acciones se producen en un contexto en el que el informe de Cobertura de Banda Ancha 2024 del Ministerio para la Transformación Digital revela que Castilla y León tiene una cobertura del 87 % en fibra óptica, por debajo del 94 % de la media nacional.
La comunidad también presenta una menor penetración de la banda ancha fija, con un 91 %, frente al 94 % en el resto del país. La diferencia en #infraestructuras digitales refleja una brecha que, si no se atiende con urgencia, podría profundizarse aún más en los próximos años.
Sanz Merino ha resaltado que “estas cifras evidencian la necesidad urgente de que el Gobierno de España asuma una mayor responsabilidad y destine recursos específicos para cerrar la #brecha digital en las zonas rurales de Castilla y León”.
La reivindicación de la Junta forma parte de su compromiso por garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación, tengan acceso a servicios básicos de comunicación y entretenimiento en igualdad de condiciones, siguiendo la línea de las políticas europeas y nacionales que buscan una transformación digital inclusiva y equitativa.
Con estas acciones, Castilla y León continúa trabajando para reducir las desigualdades digitales, aunque aún queda mucho por hacer para alcanzar los estándares de conectividad que la Unión Europea recomienda para 2030.
