El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado recientemente un importante acuerdo conocido como el 'Pacto por las Familias de Castilla y León', que involucra a representantes de 45 entidades del Tercer Sector.

Este pacto incluye un total de 56 medidas diseñadas para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables de la comunidad autónoma, así como de aquellas de clase media que puedan estar enfrentando dificultades económicas debido a la inflación y otros factores.

Fernández Mañueco ha enfatizado que este pacto es un reflejo del compromiso de su gobierno por mantener un diálogo constante con la sociedad civil y el tejido asociativo.

El objetivo es claro: apoyar a las familias que más lo necesitan, transformando así la sociedad y asegurando un futuro más prometedor para Castilla y León.

Esto se enmarca en un contexto donde la colaboración entre el gobierno y las asociaciones es esencial para abordar problemáticas sociales.

Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía, que buscará no solo proporcionar un sustento a las familias en riesgo de pobreza, sino también fomentar su inserción en el mercado laboral.

Se prevé que estas ayudas estén condicionadas a la búsqueda activa de empleo y a la escolarización de los menores, lo que implica un enfoque integral hacia el bienestar familiar.

Además, se planea solicitar al Gobierno de España la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, lo que se considera un paso crucial para asegurar que los recursos lleguen de manera más efectiva a quienes más los necesitan.

En el ámbito de la vivienda, el pacto incluye medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad.

Se ofrecerán ayudas al alquiler para aquellas familias cuyos ingresos anuales se sitúen entre el 50% y el 300% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), priorizando a quienes se encuentran en situaciones más precarias.

Asimismo, se aumentarán las plazas disponibles para el alojamiento de personas en situación de vulnerabilidad y se agilizarán los procesos para el pago del bono social térmico.

Las medidas en materia de vivienda también tendrán un enfoque rural, promoviendo la rehabilitación de vivienda pública en municipios, especialmente dirigida a los jóvenes.

En términos educativos, el pacto asegura la educación gratuita para niños de 0 a 3 años y contempla becas y ayudas para estudiantes, así como la gratuidad de servicios de comedor y libros de texto.

También se implementarán medidas para combatir el absentismo escolar, apoyando a los estudiantes que más lo necesiten.

Por último, se impulsarán políticas activas de empleo, enfocándose en la inserción laboral de jóvenes y personas en riesgo de exclusión.

La Junta también implementará la 'Historia Social Única', una herramienta que facilitará la gestión y el seguimiento de las situaciones de emergencia social, mejorando así la eficacia del sistema de protección social en la comunidad.

Este pacto representa un esfuerzo significativo para garantizar que las familias de Castilla y León cuenten con los recursos y el apoyo necesarios para llevar una vida digna y enfrentar los retos del día a día.