La Junta de Castilla y León reclama mayor diálogo con el Ministerio de Transportes ante el borrador del mapa estatal que eliminaría numerosas paradas en la región y pide coordinación para implementar el billete único.
La Junta de #Castilla y León ha reiterado su petición al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que convoque de manera urgente la Conferencia Sectorial de Transportes, un espacio fundamental para abordar las cuestiones relacionadas con el transporte público en España.
La solicitud se realiza en medio de preocupaciones por el borrador del Mapa Estatal de Transportes, que contempla la eliminación de 474 paradas en 346 municipios de la comunidad, lo que afectaría gravemente la calidad del servicio y la accesibilidad para los ciudadanos.
Desde la aprobación del Decreto 34/2022 en septiembre de 2022, que estableció el nuevo mapa de ordenación del transporte público en Castilla y León, la región ha tenido avances en la organización de sus servicios.
Sin embargo, la puesta en marcha de los nuevos contratos de licitación se ha visto paralizada, principalmente debido a las implicaciones del mapa estatal propuesto por el gobierno central.
La eliminación de tantas paradas afectaría no solo la movilidad diaria de miles de habitantes, sino también la economía local y la cohesión social en zonas rurales y pequeñas localidades.
Históricamente, Castilla y León ha sido una de las comunidades más extensas de España, con un territorio que abarca desde las llanuras del Duero hasta las montañas de los Picos de Europa.
La dispersión poblacional y la baja densidad en muchas áreas hacen que el transporte público sea esencial para garantizar la igualdad de oportunidades.
La propuesta del Ministerio, que busca reducir costes y optimizar recursos, pone en riesgo esta misión, especialmente en zonas limítrofes con otras comunidades autónomas donde sería necesario mantener conexiones eficientes.
Además de las cuestiones territoriales, la Junta ha expresado su preocupación por la falta de coordinación en la implantación del 'Billete Único', un programa que, a partir del 1 de enero de 2026, ofrecerá una tarifa plana para diferentes servicios de transporte en toda España.
Aunque el Ministerio insiste en que no se trata de un título de transporte, sino de un sistema de ayudas, la Junta de Castilla y León ha recordado que en su comunidad ya se está trabajando en una tarjeta única de transporte y que la integración de estos sistemas requiere una planificación conjunta.
La directora general de Transportes y Logística de Castilla y León ha solicitado que la implementación del 'Billete Único' sea consensuada con las comunidades autónomas, para evitar problemas tecnológicos y de financiación.
Desde la perspectiva histórica, la gestión del transporte en Castilla y León ha sido un desafío debido a su extensión y diversidad geográfica. En los años 80, la región comenzó a modernizar sus servicios en un contexto de transición democrática y descentralización administrativa. La lucha por mantener un transporte público eficiente ha sido constante, especialmente en las zonas rurales, donde las rutas son deficitarias pero esenciales para la población local.
El gobierno autonómico ha insistido en que la supresión de paradas y el cambio en los modelos de gestión deben considerar las particularidades de cada territorio.
La región aboga por una mayor colaboración con el Estado para garantizar que las políticas de transporte sean equilibradas y justas para todos los ciudadanos.
La historia muestra que la cooperación entre diferentes niveles de administración ha sido clave para mantener el servicio en zonas rurales y consolidar una red de transporte que responda a las necesidades de sus habitantes.
En conclusión, la Junta de Castilla y León continúa solicitando diálogo y coordinación con el Gobierno central, para evitar recortes que puedan afectar gravemente la movilidad y el desarrollo social de la comunidad.
La convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes es vista como un paso esencial para consensuar políticas que tengan en cuenta las particularidades de las diferentes regiones y garantizar un sistema de transporte público efectivo, sostenible y justo para todos los ciudadanos.
