La Junta actualiza la formación para el uso profesional de fitosanitarios en Castilla y León: más flexibilidad y control

La Consejería de Agricultura actualiza la normativa de formación para el uso profesional de fitosanitarios, introduciendo un curso de reciclaje, redefiniendo qué puede impartirla y ampliando opciones online, con efectos prácticos para agricultores y entidades formativas.

La Junta de #Castilla y León ha aprobado una modificación de la norma que regula la #formación para el uso profesional de productos fitosanitarios, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 29 de abril de 2026.

La medida, fruto de un acuerdo con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS), introduce cambios prácticos y de fondo para técnicos, agricultores y para las entidades que imparten la formación.

En resumen, se actualizan reglas para que la formación esté más alineada con la realidad del campo y con mayor claridad administrativa.

Entre las novedades más relevantes está la redefinición de lo que se entiende por entidad de formación. Ahora, para ser reconocida, la entidad debe no solo impartir cursos, sino incluir entre sus fines la actividad agraria o agroalimentaria. Es decir, las entidades deben demostrar una vinculación real con el sector para poder participar en la formación para el uso profesional de fitosanitarios.

Esto busca garantizar que la enseñanza tenga relación directa con las tareas que realizan los profesionales en el campo.

Otra novedad clave es el curso de reciclaje para la renovación de los carnés. Se establece un curso de cinco horas para la renovación de la tarjeta de uso profesional, y para los pilotos aplicadores el mínimo sube a veinte horas.

Esta distribución de horas responde a los plazos y exigencias que ya se venían aplicando a nivel nacional desde el Real Decreto 1311/2012, de 12 de noviembre, pero ahora se recoge de manera más explícita en la normativa regional.

En cuanto a la modalidad de impartición, la norma permite la formación no presencial vía internet, lo que facilita la renovación y evita desplazamientos.

Aquellas personas que prefieran la formación presencial pueden acudir a las entidades autorizadas

Aun así, aquellas personas que prefieran la formación presencial pueden acudir a las entidades autorizadas. Mantiene además el formato de aula virtual, un entorno telemático donde el alumno y el tutor interactúan en tiempo real, complementando el esquema de formación presencial para quienes necesitan compatibilizarla con su trabajo.

Los cambios también buscan mejorar la gestión administrativa. Se simplifican y clarifican los procedimientos para el reconocimiento de entidades de formación y para la expedición y renovación del carnet. También se especifican con mayor nitidez las causas y efectos de la extinción del reconocimiento de una entidad y de la pérdida de vigencia del carnet.

Asimismo, se actualiza la inscripción y la cancelación de datos en el Registro de Entidades de Formación para el uso profesional de productos #fitosanitarios de Castilla y León, que pasa a denominarse oficialmente Registro de Entidades de Formación para el uso profesional de productos fitosanitarios de Castilla y León.

En suma, estas medidas buscan mayor eficiencia y seguridad en el manejo de fitosanitarios, con una normativa que facilita la renovación de carnés y mantiene la responsabilidad de los profesionales ante la salud y el medio ambiente.

Desde la Junta destacan que la vía online acelera trámites y reduce la burocracia, algo especialmente relevante para pequeños agricultores y trabajadores autónomos que necesitan actualizarse sin demoras.

Para los actores implicados, hay efectos prácticos claros: los agricultores y técnicos deben estar atentos a la nueva definición de entidad formativa y a las horas mínimas del curso de reciclaje; las empresas formadoras deberán adaptar sus programas para cumplir con la nueva normativa; y las administraciones regionales tendrán herramientas más eficientes para gestionar el registro y la expedición de carnés.

Estas medidas, además, buscan armonizar la normativa regional con criterios nacionales y reforzar la seguridad en las operaciones agrícolas, algo que, en una región con una fuerte tradición agropecuaria, es especialmente relevante para el sector.