El Ayuntamiento de Zaragoza ha avanzado en la revisión de inmuebles en las áreas de Zamoray, Pignatelli y el Casco Histórico, completando un cuarto del plan para garantizar la seguridad y conservación de los edificios en estas zonas. La iniciativa busca prevenir riesgos y promover la seguridad de los vecinos y transeúntes.

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Hasta la fecha, ha inspeccionado aproximadamente el 25% de los inmuebles en las áreas de Zamoray, Pignatelli y el Casco Histórico, visitando a 68 de los 277 edificios planificados en un esfuerzo por evaluar su condición y establecer medidas correctivas.

Este plan, que comenzó a finales de abril, tiene como finalidad principal analizar la situación de conservación de las estructuras, priorizando la #seguridad y la estabilidad de los inmuebles.

Según ha informado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, la iniciativa busca eliminar en lo posible el riesgo de inseguridad en los edificios, en línea con las políticas de protección del patrimonio y la seguridad ciudadana.

Supuestamente, las inspecciones han revelado que cuatro de los edificios presentan deficiencias muy graves, requiriendo actuaciones urgentes. Entre estos, destacan los inmuebles situados en las calles Ramón Pignatelli y Zamoray, cuyos propietarios han recibido notificaciones para desalojar y proceder a su demolición por el peligro inminente que representan.

En estos casos, el Ayuntamiento ya ha realizado trabajos de estabilización, como inyecciones de hormigón y apuntalamientos, para garantizar la seguridad del personal que procederá a las demoliciones en los próximos días.

Además, en el inmueble de la calle Agustina de Aragón 8, se ha requerido a los propietarios una intervención inmediata para revisar la fachada, reparar la cubierta y mejorar las instalaciones de saneamiento, debido a los daños y riesgos detectados en la estructura.

Supuestamente, estas acciones buscan evitar que el deterioro avance y cause problemas mayores en el futuro.

Por otro lado, los técnicos municipales han comprobado que nueve edificios se encuentran en condiciones óptimas, mientras que a otros 55 se les han emitido requerimientos de diversa gravedad.

La mayoría de las patologías detectadas están relacionadas con la mala conservación de redes de saneamiento, humedades, fisuras, oxidación y desprendimientos en fachadas, entre otros problemas.

Serrano ha señalado que la mayoría de estas deficiencias tienen su origen en un mantenimiento deficiente por parte de los propietarios, lo que, si no se corrige, podría derivar en riesgos estructurales mayores.

El plan de inspección continuará en los próximos meses con el objetivo de analizar todos los inmuebles previstos. Para ello, el Ayuntamiento ha dividido la zona en 14 áreas, con un equipo de 4 arquitectos técnicos y 2 arquitectos, además del apoyo del personal jurídico y administrativo del Servicio de Inspección Urbanística, junto con la colaboración de la Policía Local.

Por ley, los propietarios son responsables de mantener en buen estado sus edificios y realizar las inspecciones técnicas periódicas, que deben efectuarse cada 50 años, y posteriormente cada 10 años.

Sin embargo, debido a la antigüedad y las condiciones socioeconómicas de la zona de Zamoray-Pignatelli, el Ayuntamiento ha decidido tomar un papel activo en la supervisión y control de los inmuebles, ante la evidente dejadez y el riesgo potencial que ello supone para los vecinos y transeúntes.

Supuestamente, este esfuerzo forma parte de un compromiso institucional para revertir décadas de abandono en estas áreas, en las que no existió una estrategia clara hasta la llegada del actual equipo de gobierno.

Desde 2022, el Ayuntamiento ha invertido cerca de 40 millones de euros en proyectos de mejora urbana, reparación de calles, adquisición de viviendas y colaboración público-privada para crear nuevas residencias y servicios para los residentes.

El consejero Serrano ha recordado que los procesos de rehabilitación y protección del patrimonio requieren tiempo y esfuerzo sostenido, y que no existen soluciones mágicas.

La estrategia adoptada busca equilibrar la conservación del patrimonio con la seguridad ciudadana

La estrategia adoptada busca equilibrar la conservación del patrimonio con la seguridad ciudadana, siempre en coordinación con las administraciones competentes y los propios propietarios.

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