En la ciudad de Zaragoza, el consistorio y el colegio de abogados han firmado un nuevo convenio para garantizar que los ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas sigan recibiendo asesoramiento jurídico gratuito.

Este servicio ha atendido un total de 340 casos en tres años, desde su apertura en enero de 2021, 22 de los cuales se han registrado en el primer trimestre de 2024. Este aumento en la demanda de asesoramiento representa un incremento significativo, ya que en tan solo tres meses se ha atendido la misma cantidad de casos que en los primeros 8 meses de 2023, es decir el 41% de todos los casos del año pasado (54). La asesoría seguirá en funcionamiento gracias a la renovación del convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el REICAZ. El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento zaragozano, Víctor Serrano, ha destacado la importancia de este servicio para orientar a los ciudadanos que sufren esta problemática en la ciudad.

Tanto Serrano como el decano del colegio profesional, Antonio Morán, han firmado un segundo convenio para garantizar la continuidad de este servicio ciudadano gratuito.

En este sentido, Serrano ha hecho hincapié en la necesidad de una mayor implicación por parte de otras administraciones públicas, ya que la ocupación ilegal de viviendas es un problema real que afecta la seguridad y la convivencia de los vecinos.

En cuanto al balance del primer trimestre de 2024, se ha registrado un total de 22 consultas, lo que representa el 7% del total de asesorías atendidas en los tres años de funcionamiento.

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De estas, 17 procedían de propietarios y 5 de vecinos afectados.

Cinco casos han iniciado trámites judiciales y en 15 se les ha asesorado para presentar denuncias.

Respecto a la distribución por distritos de la ciudad, el 36,4% de los casos se han registrado en Las Delicias, seguido por el 18% en el Casco Histórico y el 9% en Oliver-Valdefierro.

En estos 3 años y 3 meses de funcionamiento, se han atendido un total de 340 consultas, siendo el 56% de ellas en 2021, el 21% en 2022, el 16% en 2023 y el 7% en 2024. De todas las consultas, el 56% han sido por ocupación de viviendas, 20 de edificios, 3 en locales, 3 en solares y 1 en un almacén.

Solo el 10,3% de los ocupantes ilegales presentaba alguna vulnerabilidad, en cuyo caso se activaban los servicios sociales municipales para su atención.

Por último, el REICAZ y el Ayuntamiento han puesto a disposición de los ciudadanos una guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal, que detalla información sobre el servicio de asistencia, los protocolos de actuación, el coste y tiempo de los procedimientos, entre otros aspectos.

Esta guía ha sido distribuida en Centros Cívicos de la ciudad con el objetivo de informar a la población sobre este servicio gratuito de asesoramiento legal.