La alcaldesa de València, María José Catalá, ha revelado la inminente creación de la Oficina Antiocupación, un servicio que tiene como objetivo centralizar las acciones contra la ocupación irregular de viviendas en la ciudad.

Este anuncio se realizó durante una visita a un nuevo edificio de viviendas que está en construcción en la calle Hortolanes. La moción que dará luz verde a esta oficina será aprobada por la Junta de Gobierno Local este viernes, marcando así un paso importante en la lucha contra la ocupación ilegal.

Catalá ha enfatizado que "toda vivienda que se encuentra ocupada o cada piso turístico representa una casa menos para los jóvenes, quienes tienen derecho a alquilar o adquirir su propio hogar".

Con esta afirmación, la alcaldesa pone de relieve el impacto que la ocupación ilegal tiene en la oferta de viviendas disponibles para la población joven de València.

La Oficina Antiocupación permitirá a los ciudadanos que se encuentren en situaciones de ocupación irregular contactar directamente con el gobierno municipal para implementar acciones públicas que eviten la perpetuación de estas situaciones.

En su discurso, la alcaldesa mencionó que el gobierno local está en contacto con otras ciudades, como Badalona, que ya cuentan con experiencias en este ámbito.

"Vamos a desarrollar políticas muy contundentes contra la ocupación", aseguró.

El gobierno municipal ha proyectado una serie de protocolos que involucrarán a diferentes departamentos, como Servicios Sociales, con el fin de abordar de manera integral el problema de la ocupación ilegal.

Según Catalá, se espera que el número de denuncias aumente, ya que la población verá esta nueva oficina como una herramienta efectiva para hacer frente a este problema.

En el contexto de su visita, la alcaldesa también destacó el avance del programa Plan + Vivienda, que busca construir 1.000 viviendas en la ciudad. Actualmente, se han puesto en marcha 955 de estas viviendas, lo que representa un compromiso significativo con el acceso a la vivienda asequible, especialmente para los jóvenes.

El nuevo edificio que se está construyendo en Quatre Carreres, con una inversión de aproximadamente 13 millones de euros, incluirá 68 viviendas de promoción pública, 70 plazas de aparcamiento subterráneo, 77 espacios para bicicletas y zonas comunes que fomentan la convivencia y la sostenibilidad.

Catalá subrayó que el alquiler social no superará el 25% de los ingresos de las personas beneficiarias, una medida que busca facilitar el acceso a la vivienda para aquellos con menos recursos.

Además, el edificio en cuestión contará con estándares de sostenibilidad y espacios diseñados para el disfrute de las familias, incluyendo huertos urbanos y áreas de juego para niños.

Con esta iniciativa, València no solo refuerza su compromiso con la vivienda asequible, sino que también busca mitigar el impacto negativo de la ocupación ilegal en la comunidad.

La alcaldesa concluyó su intervención afirmando que "cada vivienda ocupada o destinada al turismo es una oportunidad perdida para los jóvenes que buscan un hogar".

A finales de 2025, se espera que la ciudad cuente con 217 nuevas viviendas de protección pública, lo que representa un paso más hacia un futuro donde el acceso a la vivienda sea un derecho garantizado para todos los ciudadanos.