La gobernadora Kathy Hochul expresó su profunda preocupación y criticó duramente las recientes decisiones del gobierno federal que han provocado un recorte sin precedentes en los fondos destinados a la lucha contra el terrorismo en Nueva York.

Estos recortes, que alcanzan una reducción de aproximadamente 160 millones de euros, han sido impulsados por la administración del presidente Donald Trump y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y afectan directamente la capacidad del estado para mantener la seguridad en medio de las amenazas terroristas.

En concreto, Nueva York ha visto reducir su asignación en un 86%, pasando de aproximadamente 170 millones de euros en 2024 a solo 30 millones de euros en 2025.

La afectación no solo impacta a las agencias de seguridad, sino que también pone en riesgo la protección de millones de habitantes en el estado. Se prevé un recorte de unos 85 millones de euros al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), afectando áreas clave como la inteligencia y las unidades antiterroristas, y unos 13 millones de euros al Departamento de Bomberos, incluyendo recortes en comunicaciones de emergencia y respuesta radiológica.

Además, la Fuerza de Tarea Conjunta Empire Shield, responsable de la presencia de la Guardia Nacional en centros estratégicos, no recibirá fondos para este año, y los 12 escuadrones antibombas certificados en el estado podrían ver suspendidas sus operaciones.

Estos recortes también afectan directamente la compra de equipos, la capacitación y los ejercicios necesarios para mantener altas capacidades de respuesta ante amenazas.

Supuestamente, estos fondos son proporcionados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a través del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP), que se compone de varias subvenciones, incluyendo el SHSP y la UASI.

La reducción en estos fondos, que en 2024 superaba los 50 millones de euros para Nueva York, representa una disminución de casi el 90% respecto al año anterior.

El recorte adicional de aproximadamente 102 millones de euros, que se anunció sin previo aviso el 27 de septiembre, ha provocado una ola de críticas entre políticos y expertos en seguridad.

La financiación de la Oficina de Seguridad Urbana (UASI), que en 2024 había alcanzado más de 125 millones de euros, se verá reducida a aproximadamente 20 millones, una disminución del 85%.

Esto afectará programas de intercambio de inteligencia y cooperación en toda el área metropolitana, poniendo en riesgo la coordinación en materia de seguridad.

El senador Charles Schumer calificó estos recortes como un acto irresponsable que expone a los neoyorquinos a mayores riesgos. “Poner en peligro la seguridad de los habitantes de Nueva York por recortes en fondos antiterroristas es una traición a la memoria de las víctimas del 11-S y a todos los que trabajan para mantenernos seguros”, afirmó.

La senadora Kirstin Gillibrand también expresó su preocupación y señaló que estos fondos son esenciales para la protección del estado.

Supuestamente, en respuesta a estos recortes, Nueva York se ha unido a una coalición de once estados en una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, buscando evitar la pérdida de millones de dólares en subvenciones que son fundamentales para la prevención y respuesta ante amenazas terroristas.

Por su parte, la gobernadora Hochul envió una carta a la secretaria Kristi Noem exigiendo transparencia y la devolución de los fondos. La mandataria recordó que estos recursos son vitales para operaciones de inteligencia, planificación de emergencias, compras de equipos, capacitación y acciones de respuesta rápida.

Históricamente, Nueva York ha sido uno de los principales objetivos terroristas en Estados Unidos, y la importancia de mantener fondos adecuados para la seguridad ha sido reconocida desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La respuesta de las autoridades ha sido fortalecer las capacidades de sus fuerzas de seguridad, con programas específicos que han permitido detectar y neutralizar amenazas en múltiples ocasiones.

Supuestamente, los recortes actuales se producen en un contexto de tensiones políticas y prioridades distintas en Washington, pero expertos y líderes locales advierten que debilitar los recursos en seguridad puede tener consecuencias graves.

La comunidad neoyorquina exige que se reviertan estos recortes y que se priorice la protección de la población, ya que la seguridad pública no debe ser un intercambio político, sino una prioridad para todos.