La gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre los severos efectos que podría tener en el estado de Nueva York la reciente aprobación de un polémico proyecto de ley federal, supuestamente impulsado por los republicanos en el Congreso y respaldado por la administración del expresidente Donald Trump.

La mandataria, acompañada por representantes locales, médicos, agricultores y organizaciones sin fines de lucro, expresó su profunda preocupación por los impactos económicos y sociales que estos cambios podrían acarrear.

El proyecto de ley, presuntamente conocido como la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA), contempla recortes en el sistema de salud, el programa de asistencia alimentaria SNAP y otros beneficios fundamentales.

Se estima que estos recortes podrían afectar directamente a alrededor de 2,2 millones de neoyorquinos, incluyendo a aproximadamente 730,000 extranjeros legalmente residentes, que perderían su cobertura de Medicaid y del Plan Esencial, respectivamente.

Estos programas, que en la actualidad benefician a miles de hogares en el distrito 18 de Nueva York, sufrirían una reducción presupuestaria que presuntamente rondaría los 10 mil millones de euros anuales, poniendo en jaque la estabilidad del sistema sanitario del estado.

Supuestamente, estos cambios eliminarían la cobertura de seguro médico a más de 1,5 millones de personas, incrementando las facturas médicas no cubiertas y generando una carga adicional para los hospitales y clínicas, que podrían verse forzados a reducir servicios o incluso cerrar sus puertas.

La Asociación de Hospitales del Gran Nueva York y la Asociación de Atención Médica del Estado han alertado que estos recortes podrían traducirse en unos 7.2 mil millones de euros en pérdidas anuales para los centros sanitarios, afectando servicios vitales como maternidad, atención psiquiátrica y cuidados intensivos.

Por otro lado, los programas de asistencia alimentaria también serían duramente afectados. Se calcula que, debido a los nuevos requisitos y a la imposición de contribuciones estatales, cerca de 1,3 millones de neoyorquinos perderían sus beneficios del SNAP, que actualmente alcanzan a aproximadamente 3 millones en todo el estado.

La ley supuestamente exige que los estados contribuyan con una parte de los costos, lo que en el caso de Nueva York supondría un añadido de unos 1.3 mil millones de euros anuales. Esto provocaría que muchas familias de bajos ingresos enfrentaran una inseguridad alimentaria aún mayor, agravando la pobreza y la desnutrición.

Expertos y funcionarios advierten que estos recortes no solo impactarán en los beneficiarios directos, sino que también tendrán efectos en toda la economía local.

La reducción en el gasto en alimentos y servicios de salud podría disminuir los ingresos de miles de pequeños comercios y agricultores, además de afectar la cadena de suministro agrícola, que en Nueva York incluye a más de 400 mercados y minoristas que aceptan beneficios del SNAP.

Asimismo, las autoridades sanitarias presuntamente consideran que estas medidas podrían incrementar los costos de atención no cubierta en los hospitales, llegando a superar los 3 mil millones de euros anuales, lo que agravará la crisis en el sistema de salud y pondrá en riesgo la prestación de servicios esenciales.

La comisionada de Salud del Estado, supuestamente, ha declarado que estos recortes podrían dejar a millones de personas sin acceso a atención médica básica, aumentando la carga sobre los hospitales y los centros de atención primaria.

En el ámbito político, diversos líderes de Nueva York han manifestado su rechazo a la ley. La senadora estatal Michelle Hinchey afirmó que estos recortes solo profundizarán las desigualdades sociales y aumentarán la inseguridad alimentaria y sanitaria en la población más vulnerable.

La asambleísta Maritza Dávila, por su parte, expresó que esta legislación representa un ataque directo a las familias trabajadoras, los inmigrantes y las personas mayores, y llamó a la comunidad a movilizarse para defender estos derechos.

En un contexto histórico, estos recortes recuerdan las medidas adoptadas en años anteriores durante las administraciones republicanas, que también buscaron reducir el gasto social para favorecer a las élites económicas.

Sin embargo, la oposición en Nueva York ha sido firme, argumentando que estos cambios amenazan la estabilidad social y la salud pública del estado. La gobernadora Hochul ha prometido seguir luchando por la protección de los recursos y beneficios que, según ella, son fundamentales para la calidad de vida de los neoyorquinos, especialmente en momentos de crisis económica y sanitaria.

En definitiva, la aprobación de esta ley federal podría marcar un antes y un después en la política social y sanitaria de Nueva York, poniendo a prueba la capacidad del estado para resistir y mitigar los efectos de una medida que presuntamente favorece a las élites en detrimento de las comunidades más vulnerables.