En un contexto de creciente preocupación por los posibles recortes en fondos federales destinados a programas sociales y de salud, las autoridades de Nueva York han puesto en marcha una fuerte campaña de advertencia.

La propuesta legislativa conocida como el 'Gran Proyecto de Ley Feo' (supuestamente similar a la conocida 'Big Ugly Bill' en Estados Unidos) amenaza con afectar significativamente el bienestar de millones de habitantes en el estado.

Supuestamente, esta legislación propondría recortar cerca de 12.5 mil millones de euros anuales en fondos federales destinados a programas sociales y de atención médica en Nueva York. La medida implicaría la pérdida de cobertura de salud para aproximadamente 1,5 millones de residentes, además de poner en riesgo los beneficios de asistencia alimentaria para más de 300,000 hogares en todo el estado.

La gobernadora Kathy Hochul expresó su profunda preocupación ante estos posibles recortes, afirmando que 'los republicanos en Washington parecen decididos a causar daños irreparables a los programas que salvan vidas en Nueva York.

Su único objetivo, supuestamente, es favorecer a los millonarios con beneficios fiscales, mientras recortan la ayuda a las familias que dependen de estos servicios esenciales.' Hochul aseguró que está comprometida en luchar cada día para proteger a los residentes y mantener los programas que garantizan la salud y el bienestar de la población.

Por su parte, el representante Ritchie Torres afirmó que el proyecto de ley, conocido como la 'Ley Gran Hermosa y Fea' (supuestamente en referencia irónica a su nombre oficial), representa una pesadilla para comunidades como el Bronx.

'Al reducir Medicaid y SNAP (ayuda alimentaria), los republicanos ponen en riesgo a cientos de miles de neoyorquinos solo para beneficiar a unos pocos en la cima de la pirámide económica', dijo.

Torres agradeció el apoyo de Hochul en la lucha contra estas propuestas que, según él, podrían dejar a muchas familias sin recursos básicos.

Supuestamente, los recortes afectarían todos los ámbitos de la asistencia social en Nueva York. Se estima que más de 2 millones de residentes perderían su cobertura de salud, incluyendo a aproximadamente 730,000 no ciudadanos que actualmente disfrutan del Plan Esencial, que recibiría cerca de 6,8 mil millones de euros en financiamiento federal.

Además, unos 1,3 millones de personas podrían quedar fuera del programa Medicaid por los más estrictos requisitos de elegibilidad.

El impacto económico sería catastrófico, con costos imprevistos para hospitales y clínicas que tendrían que afrontar gastos de atención no compensada que podrían superar los 2.7 mil millones de euros anuales. Esto, a su vez, forzaría a muchas instituciones a reducir servicios críticos, cerrar departamentos o incluso cerrar sus puertas definitivamente.

Asimismo, la legislación contempla una asignación de 4,2 mil millones de euros para hospitales rurales y comunitarios, aunque supuestamente esta cifra sería insuficiente frente a los recortes que enfrentan estos centros, que en algunos casos podrían perder hasta el 60% de su financiamiento anual.

En cuanto a la asistencia alimentaria, por primera vez en la historia del programa, los republicanos estarían obligando a los estados a cubrir parte de los costos, lo que podría suponer un gasto adicional de aproximadamente 1,2 mil millones de euros anuales para Nueva York.

Además, los nuevos requisitos más restrictivos para recibir beneficios podrían dejar a más de 300,000 hogares sin ayuda, con pérdidas de hasta 200 euros por familia cada mes.

A nivel local, líderes comunitarios y expertos en salud advierten que estos recortes no solo afectarán la economía, sino que agravarán las desigualdades sociales y de salud en el estado.

La Asociación de Hospitales de Nueva York estima que la reducción presupuestaria podría obligar a hospitales a reducir servicios esenciales como atención materna y tratamientos psiquiátricos, afectando especialmente a comunidades vulnerables.

Supuestamente, estas medidas también ponen en jaque programas destinados a promover una alimentación saludable y el uso eficiente de los recursos en las familias beneficiarias, con recortes de cerca de 24 millones de euros en fondos estatales para estos fines.

En resumen, la posible aprobación de este proyecto de ley representa una amenaza real para la estabilidad social y sanitaria en Nueva York, poniendo en riesgo la atención de millones y profundizando las desigualdades existentes.

Gobernadores, legisladores y líderes comunitarios continúan movilizándose para evitar que estas propuestas vean la luz, defendiendo el acceso a la salud y la alimentación como derechos fundamentales de todos los habitantes del estado.