La gobernadora Kathy Hochul ha divulgado hoy nuevas cifras que evidencian el grave impacto que la ley conocida como el ‘Gran Paquete de Recortes’ impulsada por los republicanos está teniendo en el estado de Nueva York.

Estas cifras muestran la magnitud de la ley recientemente aprobada, que contempla recortes drásticos en programas fundamentales como Medicaid, hospitales y beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés), afectando a millones de neoyorquinos que dependen de estos servicios vitales.

Supuestamente, estos recortes equivaldrían a cerca de 12,400 millones de euros anuales, una cifra que supera significativamente los presupuestos tradicionales destinados a la salud y asistencia social en el estado.

La iniciativa ha generado una reacción enardecida por parte de las autoridades locales y organizaciones civiles, quienes advierten que estas medidas podrían desencadenar una crisis humanitaria y sanitaria.

Hochul afirmó: “No hay estado que pueda revertir por completo los daños causados por esta ley ni cubrir recortes de esta magnitud. Estamos trabajando con la legislatura para prepararnos ante el impacto y proteger a la mayor cantidad posible de neoyorquinos, porque la familia de cada uno de ustedes es mi prioridad.

Nunca daré la espalda a los neoyorquinos ni a los valores que compartimos”.

Uno de los aspectos más alarmantes de estos recortes es el impacto en el sistema de salud. Las modificaciones en Medicaid y el Essential Plan podrían dejar sin cobertura a más de 2 millones de personas, incluyendo aproximadamente a 730,000 inmigrantes en situación regular que podrían perder su acceso a estos programas.

La eliminación de más de 7,5 mil millones de euros en fondos federales para el Essential Plan afectará directamente a quienes dependen de este servicio para acceder a atención médica.

Se estima que cerca de 1,3 millones de neoyorquinos perderán su cobertura de Medicaid debido a nuevos requisitos de elegibilidad y verificación, lo que complicará aún más el acceso a la atención sanitaria.

Como resultado, se proyecta que unos 1,5 millones de personas quedarán sin seguro médico, lo que incrementará los costos no compensados para hospitales y proveedores en más de 2.800 millones de euros al año. Estas cifras sugieren que los hospitales podrían verse forzados a reducir o incluso cerrar algunos de sus servicios más críticos, como atención materna y psiquiátrica, afectando a toda la comunidad.

Supuestamente, la ley también incluye un fondo de transformación rural, con una inversión de aproximadamente 9.300 millones de euros anuales durante cinco años para hospitales en zonas rurales de todo el país. Sin embargo, expertos y autoridades locales consideran que estos fondos serán insuficientes para cubrir las necesidades reales del estado, y que no hay garantías de que lleguen a los hospitales rurales de Nueva York.

En el ámbito de la asistencia alimentaria, la ley marca un antes y un después. Por primera vez en la historia, los estados deberán contribuir con un 15 % del costo total del programa SNAP a partir de octubre de 2027, lo que representa una inversión adicional cercana a 1.000 millones de euros anuales para Nueva York. Además, la reducción en la participación federal en los costos administrativos del programa aumentará los gastos del estado en unos 430 millones de euros anuales, y en aproximadamente 2 millones de euros para los condados y la ciudad de Nueva York.

Supuestamente, esta medida también traerá requisitos laborales más estrictos y punitivos para los beneficiarios, lo que podría provocar que unas 300.000 familias pierdan total o parcialmente su ayuda alimentaria, con una pérdida promedio de 200 euros mensuales por hogar. Esto afectará profundamente a las familias de bajos ingresos, que verán reducidas sus capacidades para adquirir alimentos y otros bienes básicos.

Por otro lado, los fondos destinados al programa SNAP-Ed, que promueve la alimentación saludable y el uso eficiente de los beneficios, serán reducidos en 26 millones de euros anuales, afectando a 18 organizaciones comunitarias en todo el estado, incluyendo extensiones cooperativas de la Universidad de Cornell en diferentes condados.

La reducción de estos recursos tendrá un impacto negativo en la lucha contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición, además de perjudicar a los negocios locales y a la economía en general.

Supuestamente, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU., cada euro invertido en SNAP genera un impacto económico de aproximadamente 1,63 euros en las comunidades locales, impulsando las ventas en supermercados, mercados agrícolas y pequeños comercios.

La disminución de estos beneficios podría traducirse en una reducción significativa en las ventas, poniendo en riesgo miles de empleos en el sector agrícola y comercial en todo el estado.

La comisionada de salud de Nueva York, la doctora James McDonald, expresó: “Estas medidas amenazan la salud de millones de neoyorquinos, desmantelan servicios vitales y ponen en peligro a las familias más vulnerables.

Con el apoyo de la gobernadora Hochul, estamos firmes en nuestro compromiso de proteger la salud y el bienestar de todos los residentes”.

Por su parte, la comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y Discapacidad, Barbara Guinn, advirtió que “los recortes históricos y los traslados de costos relacionados con SNAP provocarán hambre, aumentarán los costos para el estado y los condados, y debilitarán la red de seguridad social que ha ayudado a las familias en momentos difíciles”.

En conclusión, expertos y líderes políticos consideran que estos recortes representan un paso atrás en la protección social en Nueva York y advierten que las consecuencias podrían ser devastadoras para la salud pública, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de las comunidades más vulnerables del estado.

La lucha por revertir estos efectos continúa en diferentes frentes, pero la incertidumbre y el impacto social ya son evidentes en la vida cotidiana de millones de neoyorquinos.