La gobernadora Kathy Hochul recorrió una planta de fabricación en Cato, donde empleados fueron detenidos en una redada de ICE, denunciando la separación de familias y el impacto en la comunidad local. La mandataria criticó las políticas migratorias y pidió mayor protección para las familias y las pequeñas empresas afectadas.
En un recorrido realizado esta mañana, la gobernadora Kathy Hochul visitó las instalaciones de Nutrition Bar Confectioners, una pequeña empresa familiar ubicada en Cato, donde supuestamente se llevaron a cabo detenciones masivas por parte de agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en una operación que ha conmocionado a la comunidad local.
La visita se realizó en medio de una polémica por la forma en que las autoridades migratorias actuaron, y la mandataria no dudó en expresar su preocupación por el impacto social y económico de estos hechos.
Supuestamente, durante la redada, en la que participaron docenas de agentes, alrededor de 69 personas fueron detenidas, en su mayoría inmigrantes latinos.
La operación, que supuestamente careció de órdenes de captura criminal, se centró en la inspección de un negocio que fabrica barras energéticas y otros productos alimenticios que se distribuyen en grandes cadenas como Costco y Walmart, además de venderse en diferentes partes del mundo.
La gobernadora Hochul afirmó que la comunidad y los propietarios de la fábrica estaban aún en shock por la magnitud del operativo. “Supuestamente, los propietarios y empleados estaban en shock, con líneas de producción paralizadas y una profunda incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos”, explicó.
La empresaria Corrine Schmidt, quien acompañó a Hochul, manifestó que la forma en que las fuerzas federales actuaron fue “cruel y poco humana”, asegurando que la separación de familias y la forma en que se llevaron a las madres con bebés debajo del brazo fue “inhumana y contraria a los valores estadounidenses”.
Según supuestamente informes de los propietarios, muchos de los empleados detenidos todavía no han sido localizados o se encuentran en lugares desconocidos.
Entre los afectados hay al menos tres madres con bebés menores de un año, una de ellas de ocho meses, que aún permanecen separadas de sus hijos. La situación generó una gran indignación en la comunidad, y Hochul prometió buscar soluciones para que estas familias puedan reunirse cuanto antes.
Hochul también criticó duramente las políticas migratorias implementadas por el gobierno federal, que supuestamente han priorizado las redadas en lugar de fortalecer los recursos para la protección de las comunidades y el apoyo a las pequeñas empresas.
Según supuestamente reveló, el Departamento de Seguridad Nacional recortó en 2023 unos 80 millones de euros en fondos destinados a la lucha contra el terrorismo y la protección civil en Nueva York, mientras destinaba más recursos a las operaciones de ICE.
“Supuestamente, estos recortes han debilitado la capacidad de nuestras fuerzas del orden locales para proteger a los ciudadanos, dejando a muchas comunidades vulnerables ante amenazas internas y externas”, afirmó Hochul.
La gobernadora también hizo un llamado a la reflexión sobre las prioridades del gobierno, destacando que “la seguridad no puede lograrse a costa de familias inocentes o pequeñas empresas que luchan por sobrevivir”.
En el plano político, Hochul anunció que se reunirá en los próximos días con legisladores y oficiales de diferentes partidos en Albany para analizar estrategias que permitan proteger los derechos de los inmigrantes y fortalecer la seguridad local, sin recurrir a operaciones que dividan y traumatizan a las comunidades.
La crisis en Cato ha puesto en evidencia las tensiones existentes en la política migratoria y de seguridad en Estados Unidos, un tema que sigue siendo altamente controversial y que requiere de un enfoque más humano y estratégico.
La visita de Hochul a la planta de Cato se suma a una serie de acciones que buscan sensibilizar a la opinión pública sobre las consecuencias de las políticas migratorias y de seguridad, y la necesidad de buscar soluciones que prioricen los derechos humanos y el desarrollo económico local.
El caso de Nutrition Bar Confectioners refleja cómo decisiones que parecen ser de seguridad pueden terminar afectando a pequeños negocios y familias, poniendo en jaque la imagen de un país que presume de ser una nación de oportunidades y justicia social.