En un esfuerzo conjunto por mejorar la protección y formación de los consumidores en la región, el Ayuntamiento de Santander y la Junta de Cantabria han iniciado conversaciones para fortalecer su colaboración en materia de educación y atención al usuario.

La reunión entre Álvaro Lavín, concejal de Consumo del Ayuntamiento, y Rosendo Ruiz, director general de Comercio y Consumo del Gobierno regional, sirvió para explorar distintas vías de colaboración que permitan aprovechar la experiencia de ambos en la atención y formación de los consumidores.

Históricamente, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Santander ha jugado un papel crucial en la asesoría a los ciudadanos. Desde su creación en 2004, esta oficina ha gestionado un total de 2.935 consultas, lo que refleja la demanda creciente de información y resolución de conflictos en materia de consumo. En el último año, la oficina se convirtió en referente en la región, gestionando un promedio de 244 reclamaciones mensuales, una cifra que evidencia el compromiso del personal para ofrecer respuestas rápidas y eficaces.

Por su parte, la Junta Arbitral de Consumo y los servicios de atención al consumidor del Gobierno de Cantabria también poseen una larga trayectoria en la protección de los derechos de los usuarios.

La intención de ambas instituciones es unificar esfuerzos mediante un posible convenio de colaboración que permita realizar programas formativos conjuntos, campañas informativas y acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

El concejal Lavín destacó que esta iniciativa resulta especialmente importante en un contexto donde la formación del consumidor se vuelve cada vez más necesaria, dado el incremento en las consultas y reclamaciones relacionadas con compras, servicios y derechos digitales.

Además, recordó que Santander ha sido pionera en la región en la implementación de medidas para informar y asesorar a los ciudadanos en temas de consumo, gracias a la experiencia acumulada en su oficina.

Por su parte, Ruiz enfatizó que la firma de un convenio fortalecería la coordinación entre el Ayuntamiento y las instituciones regionales, permitiendo ofrecer un servicio más cercano y eficiente.

“Este acuerdo permitirá aprovechar la experiencia de los profesionales de la OMIC de Santander en la formación y educación del consumidor, además de facilitar la puesta en marcha de campañas informativas que divulguen los derechos y responsabilidades de los usuarios”, explicó el director general.

Asimismo, ambas partes coincidieron en que la colaboración no solo debe centrarse en la atención inmediata a los consumidores, sino también en promover una cultura de respeto y conocimiento de los derechos, fomentando una ciudadanía más informada y empoderada.

La región de Cantabria, con sus más de un millón de habitantes, ha desarrollado en los últimos años diversas iniciativas en materia de protección al consumidor, pero la integración de esfuerzos con el Ayuntamiento de Santander podría marcar un avance significativo.

El futuro acuerdo, que todavía está en fase de estudio, busca además potenciar campañas educativas en centros escolares, asociaciones y en el ámbito digital, adaptándose a las nuevas formas de consumo y comunicación.

La experiencia de Santander en esta área, junto con el respaldo del Gobierno regional, promete fortalecer la protección de los derechos de los consumidores en toda la comunidad, acercando los servicios y facilitando una mejor comprensión de las obligaciones y derechos en el mercado actual.