La Comunidad de Madrid ha aprobado la prórroga de los contratos vigentes para el cuidado y la conservación del firme de la red autonómica de carreteras durante los próximos dos años, con una inversión total de 40,3 millones de euros.

Esta decisión fue adoptada en la última reunión del año del Consejo de Gobierno y refuerza el compromiso del Ejecutivo con la seguridad vial y las condiciones de circulación en una red que supera los 2.500 kilómetros.

La Dirección General de Carreteras organiza estas intervenciones en ocho áreas territoriales: noroeste, norte, nordeste, este, sureste, sur, oeste central y oeste.

Esta clasificación facilita una gestión más eficaz de los recursos, ya que las actuaciones se planifican para paliar el desgaste provocado por el tráfico, especialmente por vehículos pesados, que, de media, suponen más del 8% del tránsito total.

Con los últimos datos disponibles, la intensidad media diaria de tráfico en toda la región se sitúa cerca de 9.000 vehículos, englobando las vías de la red principal, secundaria y local. No obstante, existen tramos de elevada demanda, como la M-45, que superan los 125.000 vehículos al día según mediciones recientes. Estas cifras subrayan la necesidad de un mantenimiento periódico para garantizar condiciones óptimas de circulación y evitar interrupciones en el servicio.

El plan de conservación forma parte de la estrategia de modernización de la red y, como se detalla en la Ley de Presupuestos Generales, para el próximo año se destinarán 234,5 millones de euros a estas actuaciones.

Supuestamente, estas inversiones responden a una trayectoria de refuerzo del mantenimiento que, en años recientes, ha buscado reducir el desgaste y prolongar la vida útil de las carreteras ante el peso del tránsito pesado.

A nivel histórico, la región ha ido consolidando un enfoque de mantenimiento preventivo y conservador de las vías para evitar cierres imprevistos y mejorar la seguridad vial.

Presuntamente, estas políticas han sido acompañadas por mejoras en la gestión de contratos y en la planificación de actuaciones, con el fin de aprovechar mejor los recursos disponibles.

Por último, cabe señalar que, según análisis y fuentes cercanas a la administración, estas medidas podrían tener un impacto favorable en la fluidez del tráfico y en la reducción de riesgos asociados al pavimento deteriorado, aunque esos efectos dependen de la ejecución puntual de los trabajos y de las condiciones meteorológicas.

Supuestamente, el éxito de la iniciativa dependerá de la continuidad de las partidas presupuestarias y de una supervisión efectiva de los contratos vigentes.

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