El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó esta semana un nuevo Acuerdo Marco que fijará las condiciones de atención supervisada en pisos y pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera que carecen de apoyo familiar o de su entorno.\nLa medida se financia con una inversión de 22,1 millones de euros y está diseñada para mantener en funcionamiento 325 plazas públicas durante los cuatro próximos años, hasta 2030.\nCon ello, la región busca garantizar una atención estable y de calidad fuera de la residencia tradicional, priorizando modelos de convivencia y supervisión profesional.\n\nAdemás, el acuerdo introduce un sistema de gestión de la calidad que exigirá actualizaciones en protocolos y registros, con el objetivo de racionalizar procesos, reducir tiempos de respuesta y aumentar la seguridad de los usuarios.

Asimismo, se contempla un incremento en los complementos salariales y en los parámetros del nuevo convenio de discapacidad para atraer y retener personal cualificado.\n\nLas plazas se reparten por toda la comunidad autónoma, con pisos distribuidos en barrios y municipios que permiten una respuesta rápida a las personas que requieren un entorno de apoyo diario.

Los pisos funcionan como recurso comunitario de convivencia, en los que conviven varias personas con patología crónica, con un nivel suficiente de autonomía y con supervisión de psicólogos y educadores sociales.\nPor su parte, el alojamiento supervisado en pensiones se presenta como un servicio que garantiza las necesidades básicas y la manutención para quienes tienen mayor autonomía pero no disponen de recursos económicos.

En estas instalaciones se atiende mediante la colaboración de trabajadores sociales y personal de apoyo, que coordinan con el Servicio Madrileño de Salud para ajustar las pautas de intervención.\n\nActualmente, la Comunidad de Madrid gestiona un total de 7.181 plazas públicas, 93 más que el año anterior, repartidas entre 233 centros especializados que forman la Red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera.\nAdemás, 38 unidades de Apoyo Social Comunitario ofrecen ayuda psicológica y social en el domicilio, en estrecha coordinación con los profesionales de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud, lo que facilita intervenciones en el entorno habitual de cada persona.\n\nSupuestamente, desde principios de la década pasada se ha visto una estrategia sostenida para reforzar la atención comunitaria, con una orientación clara hacia la reducción de estancias en hospitales y la promoción de redes de apoyo en la calle y en el domicilio.\nHistóricamente, la región ha ido elevando sus inversiones y estructuras de apoyo para personas con enfermedad mental grave, y este nuevo convenio se enmarca como una continuidad de ese esfuerzo, con miras a evolucionar hacia una atención más cercana y más integrada dentro del tejido social.\nPresuntamente, la efectividad dependerá de la puesta en marcha de los protocolos, de la adecuada financiación estable y de la capacitación continua del personal, factores que podrían desplazar la atención de alto costo hacia soluciones más sostenibles.

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