En los últimos diez años, las eutanasias en Colombia han experimentado un aumento exponencial, multiplicándose por 88 desde que se regularizó su práctica en 2015, según un informe reciente divulgado por el centro de investigación DescLAB.

En 2024, se registraron al menos 352 procedimientos, la cifra más alta desde que existe registro oficial, lo que refleja un cambio significativo en la percepción y aplicación de este derecho en el país.

Supuestamente, este incremento se debe en parte a una mayor conciencia social y a la ampliación de las garantías jurídicas para quienes desean poner fin a su sufrimiento de manera digna.

Desde que la eutanasia fue despenalizada en 1997 tras un fallo histórico de la Corte Constitucional, Colombia se convirtió en pionera en América Latina en reconocer este derecho.

Sin embargo, el proceso de implementación no fue inmediato, permaneciendo estancado durante casi dos décadas, hasta que en 2015 se estableció un marco legal claro y se realizó la primera eutanasia legal en la región.

El informe de DescLAB señala que, en 2024, casi el 75 % de las eutanasias se practicaron en pacientes con diagnósticos oncológicos, principalmente cáncer de estómago, páncreas, recto y pulmón.

El resto, un 25 %, corresponde a enfermedades no oncológicas, un porcentaje que ha ido en aumento especialmente desde 2021, cuando la Corte eliminó el requisito de tener una enfermedad terminal para acceder a la eutanasia.

Supuestamente, esta tendencia refleja una mayor apertura del sistema de salud y un reconocimiento más amplio del sufrimiento que enfrentan pacientes con enfermedades incurables y graves, más allá del cáncer.

En 2024, más de dos tercios de las solicitudes fueron por patologías consideradas en fases avanzadas o incurables, mientras que solo un 25 % correspondió a pacientes en etapas terminales.

Esto indica que el derecho a morir con dignidad se está extendiendo a diversas condiciones y no solo a las consideradas terminales.

No obstante, el informe también advierte sobre los desafíos existentes en la implementación de esta práctica. A pesar del crecimiento en el número de casos, la tasa de aprobación de solicitudes en 2023 fue solo del 30 %, siendo la más baja desde que comenzó el registro.

Además, en 2024, el tiempo promedio de respuesta de los comités responsables fue de aproximadamente 33.5 horas, superando el límite legal de 24 horas en varios casos.

Supuestamente, uno de los mayores obstáculos sigue siendo la desigualdad territorial. La mayoría de los procedimientos, aproximadamente un 85 %, se concentraron en las grandes ciudades, específicamente en Bogotá (42,9 %) y Antioquia (42,6 %), dejando a muchas regiones del país con acceso limitado a estos derechos.

Esto evidencia que, aunque Colombia lidera en la región en legislación y práctica de la eutanasia, todavía existen barreras administrativas y de infraestructura que dificultan un acceso equitativo.

Desde un punto de vista histórico, la lucha por la despenalización de la eutanasia en Colombia se remonta a décadas atrás, con movimientos sociales y activistas que reclamaban una mayor autonomía para decidir sobre su propia vida y muerte.

La decisión de la Corte Constitucional en 1997 fue un paso pionero, pero la demora en su implementación refleja las resistencias sociales y religiosas que aún persisten en algunos sectores.

Supuestamente, expertos consideran que la ampliación del acceso y la mejora en los procesos administrativos son fundamentales para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a una muerte digna sin discriminación ni obstáculos.

La discusión sobre la eutanasia continúa siendo un tema de debate ético y social en Colombia, en medio de una sociedad que cada vez más valora los derechos individuales y la autonomía personal.

En conclusión, el aumento en las cifras de eutanasias en Colombia revela tanto avances en la legislación y en la conciencia social, como desafíos pendientes en la implementación y en la equidad del acceso.

La tendencia al alza en 2024 refleja un cambio en la percepción del sufrimiento y el derecho a decidir, pero también pone en evidencia la necesidad de seguir trabajando para que este derecho sea una realidad para todos, sin excepciones ni discriminaciones.

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