En un escenario político marcado por debates sobre la sostenibilidad del sistema previsional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha dado un respaldo contundente a la iniciativa del Congreso de aprobar un octavo retiro parcial de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La decisión se ha tomado en medio de una polémica que ha generado preocupación entre los expertos y los organismos oficiales, quienes advierten del posible impacto negativo para millones de trabajadores y jubilados.

Supuestamente, esta propuesta permitiría a los afiliados retirar un porcentaje de sus fondos acumulados, en un contexto donde ya millones de peruanos han accedido a fondos de sus cuentas, dejando a muchos en una situación precaria para su jubilación futura.

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, aproximadamente 2,3 millones de afiliados ya se habían quedado sin fondos tras los primeros retiros en 2020, y si se aprueba otra ronda, esa cifra podría aumentar a cerca de 8,6 millones, lo que representa una parte significativa de la población activa y jubilada del país.

Durante una ceremonia pública con motivo del Día de la Familia, Boluarte afirmó que "el dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP es de la familia que trabaja".

Además, resaltó que "son ellos quienes deben decidir en qué momento lo requieren y en qué lo utilizan para el bienestar de sus hogares". La mandataria también indicó que el Estado debe actuar con responsabilidad para garantizar mejores perspectivas de jubilación, asegurando que "mientras más recursos logremos recaudar como Estado y mayores sean los aportes a la caja fiscal, mejor será el futuro para nuestros pensionistas".

Supuestamente, a pesar de la postura oficial de Boluarte, la realidad en el Ejecutivo revela una cierta división de opiniones. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, manifestó públicamente su oposición a los nuevos retiros, señalando que "si las personas retiran sus fondos, no van a tener espacio para una pensión mínima".

Sus declaraciones refuerzan las preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, que ha sido duramente criticado por expertos y organizaciones internacionales.

Supuestamente, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, también expresó su rechazo a los retiros parciales, argumentando que "el Gobierno busca construir una política fuerte de previsión social".

Añadió que el objetivo es que los trabajadores tengan recursos en caso de perder su empleo, puedan acceder a una pensión digna y tengan protección en salud.

La oposición de estos ministros refleja un enfrentamiento interno en el Gobierno peruano ante una medida que, aunque popular en algunos sectores, podría tener efectos adversos a largo plazo.

Supuestamente, las movilizaciones sociales en Lima también reflejan la tensión existente. El día anterior, una marcha multitudinaria protestó contra la ley que prohíbe los retiros parciales y limita el acceso del 95,5% de los fondos al momento de la jubilación para afiliados menores de 40 años.

La medida ha sido vista como una restricción a los derechos de los trabajadores y ha generado rechazo en diversos sectores.

Las cifras oficiales indican que la situación podría empeorar si se aprueba otra ronda de retiros. La cantidad de afiliados sin fondos podría aumentar significativamente, afectando la seguridad social y la calidad de vida de los futuros jubilados. Analistas económicos advierten que estas políticas, si persisten, podrían socavar la confianza en el sistema de pensiones y provocar un aumento en la desigualdad social.

Supuestamente, en el contexto histórico, los retiros de fondos de las AFP en Perú comenzaron en 2020 como una medida de emergencia ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos han enfrentado el dilema de equilibrar la necesidad de aliviar la crisis económica de los ciudadanos con la sostenibilidad del sistema previsional.

La discusión continúa siendo uno de los temas más polémicos en la agenda política peruana, con implicaciones que van más allá de las fronteras del país, dado que muchos países de la región enfrentan desafíos similares en sus sistemas de pensiones.