En un movimiento que refleja la creciente tensión entre la Universidad de Harvard y el gobierno de Estados Unidos, la institución ha decidido cambiar oficialmente el nombre de su departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

A partir de ahora, esta oficina pasará a denominarse 'Oficial de Vida en la Comunidad y en el Campus' (Community and Campus Life Officer), con efecto inmediato.

La decisión fue comunicada mediante un correo electrónico dirigido a estudiantes y miembros del personal, en el que la directora de la antigua oficina del DEI, Sherri Ann Charleston, explicó los motivos y el contexto de esta modificación.

Charleston citó las palabras del presidente de Harvard, Alan Garber, quien resaltó que los miembros de la institución deben promover una comunidad que valore y acoja la diferencia, pero al mismo tiempo cumplir con la legislación que prohíbe a las universidades tomar decisiones basadas en la raza.

En sus declaraciones, la directora enfatizó la importancia de reunir a personas de diferentes orígenes, experiencias y perspectivas, centrándose en las contribuciones individuales y en las historias únicas de cada miembro de la comunidad universitaria, en lugar de segmentar a los estudiantes por categorías demográficas.

Este cambio se produce en un momento de fuerte tensión política y financiera. A mediados de abril, la administración del expresidente Donald Trump congeló aproximadamente 2.200 millones de euros en fondos federales para Harvard, tras la negativa de la universidad a cumplir con demandas gubernamentales relacionadas con sus programas de diversidad y la supervisión de la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros.

La Administración de Trump, que gobernó entre 2017 y 2021, implementó varias políticas destinadas a limitar las políticas de acción afirmativa y a promover una supuesta igualdad de oportunidades en las instituciones educativas.

La primera audiencia judicial de este caso está prevista para el 21 de julio, en un tribunal de Boston, donde ambas partes presentarán sus argumentos iniciales.

Además, en un segundo aviso, Charleston anunció que la universidad dejará de financiar eventos en los que estudiantes de diferentes comunidades y grupos étnicos se reúnen para celebrar sus culturas antes de graduarse.

Según informó el periódico universitario, The Harvard Crimson, esta decisión responde a las amenazas del Departamento de Educación de EE. UU., que advirtió posibles recortes adicionales si se continuaban realizando estas reuniones culturales.

Harvard forma parte de varias instituciones que han visto reducida su financiación federal en los últimos años, en parte por las políticas del Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo, creado bajo la administración Trump.

La institución ha sido criticada por aplicar políticas de 'discriminación positiva' o por no promover una visión lo suficientemente diversa en términos ideológicos, según los criterios del gobierno estadounidense.

La tensión entre Harvard y el gobierno refleja un escenario más amplio en el que las universidades enfrentan presiones políticas para modificar sus políticas internas, en un contexto marcado por debates sobre la libertad académica, la diversidad y los derechos civiles.

Históricamente, Harvard ha sido un símbolo de la élite educativa en Estados Unidos, fundado en 1636, y ha jugado un papel fundamental en la historia del país.

Sin embargo, en las últimas décadas, ha tenido que adaptarse a un entorno social y político en constante cambio, enfrentando cuestiones relacionadas con la inclusión, la igualdad y la justicia social.

La reciente reestructuración de su departamento de diversidad y las tensiones con el gobierno federal evidencian los desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior en un escenario polarizado, donde las decisiones políticas pueden afectar directamente la financiación y las políticas internas de las universidades.

Este proceso también refleja una tendencia global donde las instituciones educativas deben equilibrar sus valores internos con las demandas y restricciones de los gobiernos y la sociedad en general, en un contexto de creciente debate sobre cómo deben abordarse la diversidad y la inclusión en los campus universitarios.