El Gobierno de México, bajo la dirección de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está en vías de implementar reformas legales significativas con el objetivo de evitar la liberación de cuentas bancarias asociadas a actividades delictivas.

Durante una reciente conferencia de prensa, la mandataria subrayó que es crucial que no haya impunidad en casos de corrupción, lavado de dinero o delincuencia organizada.

Sheinbaum destacó que los cambios propuestos incluyen modificaciones a la Ley de Amparo y a otras normativas procesales, así como a la Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), que actualmente se encuentra en discusión en el Senado.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, también se pronunció al respecto, indicando que los jueces no deberían liberar cuentas sin un juicio de fondo que demuestre la necesidad de tal acción.

La Presidenta enfatizó que, en situaciones donde hay pruebas de uso indebido de recursos y lavado de dinero, las cuentas deben ser congeladas por la UIF.

Sin embargo, ha habido casos en los que los implicados se amparan y obtienen la suspensión de estas restricciones sin enfrentar un juicio completo. Esto ha llevado a la preocupación de que tales acciones puedan permitir que los delincuentes continúen utilizando recursos obtenidos ilícitamente.

"Cuando se comprueba que hay lavado de dinero, ya sea por corrupción o por delincuencia organizada, y las cuentas son liberadas, eso es claramente corrupción", declaró durante su intervención.

El propósito de las reformas es asegurar que solo se levanten las restricciones sobre cuentas bloqueadas si hay evidencia de una mala interpretación por parte de la UIF, y no a través de amparos que facilitan la liberación de fondos.

Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta marzo de 2025, un total de 7,815 sujetos han sido incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), donde se encuentran 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales.

De este total, 6,545 sujetos permanecen actualmente en la lista. Las instituciones financieras han bloqueado alrededor de 32,500 millones de pesos (aproximadamente 1,450 millones de euros) en recursos considerados de origen ilícito.

La mandataria también resaltó que la reforma al Poder Judicial es fundamental para garantizar que no haya impunidad en delitos federales. "Cuando hablamos de cero impunidad, nos referimos a que no protegeremos a nadie que cometa un delito", afirmó.

Además, se están revisando las leyes para que el Gobierno de México pueda actuar como parte ofendida en los juicios relacionados con actividades delictivas, fortaleciendo así su posición en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

Las reformas propuestas tienen como objetivo crear un marco legal que impida el uso de recursos ilícitos y asegure que se actúe de manera efectiva contra quienes se benefician de delitos económicos, promoviendo un sistema más justo y transparente.

La discusión de estas reformas es un paso importante en la lucha del Gobierno de México para combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones, asegurando que todos los delitos sean perseguidos sin excepción.

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