Desde el comienzo de la escalada bélica en octubre de 2023, al menos 21,000 niños en la Franja de Gaza han sufrido algún tipo de discapacidad, según un informe reciente del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La situación, que ya es alarmante, refleja la gravedad del colapso en los sistemas de atención sanitaria y el impacto devastador del conflicto en la población infantil.

El informe, que recopila datos de organizaciones humanitarias y testimonios en el terreno, advierte que estas discapacidades varían en naturaleza y gravedad, sin especificar si han sido provocadas por heridas, enfermedades o lesiones derivadas de la violencia.

Sin embargo, se presume que muchas de ellas son resultado directo de las heridas de guerra y de la falta de atención médica adecuada en un entorno donde los hospitales y centros de rehabilitación han sido atacados y destruidos en casi un 94%, según datos no confirmados por las autoridades en Gaza.

Supuestamente, de los 40,500 niños heridos en el conflicto, al menos una cuarta parte, es decir, aproximadamente 10,000, sufren secuelas permanentes.

Además, otros 18,000 niños han sido asesinados en el marco de la violencia, dejando un impacto psicológico y físico profundo en la población infantil.

El informe denuncia que la atención médica en Gaza ha llegado a niveles mínimos, forzada por la destrucción de hospitales y la escasez de equipamiento y personal sanitario.

En algunos casos, se han reportado amputaciones de extremidades sin anestesia adecuada, y en muchas áreas, los recursos para rehabilitación y cuidados continuos son inexistentes.

Los niños afectados enfrentan no solo heridas físicas, sino también un sufrimiento psicológico severo. Según el documento, muchos experimentan estrés postraumático, depresión, ataques de pánico, llanto constante y trauma. Como ejemplo, se relata el caso de una niña de 14 años refugiada en Rafah, que perdió su silla de ruedas en una evacuación y, agotada por el trauma, pidió a sus padres que la dejaran allí, sin esperanza de recuperación.

La crisis en Gaza ha provocado un colapso en los servicios comunitarios para personas con discapacidad, que antes atendían a unas 52,000 personas en la zona.

La guerra ha reducido esa cifra a aproximadamente 2,500, dejando a muchas personas en una situación de total vulnerabilidad.

El informe también denuncia que muchas personas con discapacidad han sido víctimas de asesinatos indiscriminados, tanto en bombardeos que apuntan a zonas civiles como en incidentes donde se disparó contra individuos o multitudes, a menudo en centros de distribución de ayuda humanitaria.

La situación en Cisjordania no es mejor, donde presuntamente se han registrado al menos siete asesinatos de personas con discapacidad en ataques de colonos israelíes o fuerzas de seguridad.

Supuestamente, los bloqueos militares y los obstáculos en las vías de comunicación dificultan aún más el acceso a centros de rehabilitación y atención médica.

Además, se denuncia que las personas con discapacidad son rutinariamente excluidas de las operaciones de ayuda y que en algunos centros de detención israelíes se han reportado casos de maltrato físico y psicológico.

El documento resalta que el 94% de los hospitales en Gaza han sido destruidos, lo que, unido a la reducción del personal médico, ha provocado una atención casi inexistente para las personas con discapacidad, muchas de las cuales ven agravada su condición por la falta de cuidados especializados.

Tras reuniones realizadas entre el 13 y el 15 de agosto con organizaciones civiles palestinas y otros actores internacionales, el comité recomienda urgentemente la evacuación de las personas con discapacidad que permanecen en Gaza y pide a Israel que levante el bloqueo humanitario.

También solicita que se detengan las operaciones militarizadas en las zonas de ayuda y que se garantice el acceso de organizaciones como la ONU a la asistencia necesaria.

En conclusión, el informe hace un llamado a la comunidad internacional para que intensifique los esfuerzos y asegure la protección de los derechos de las personas con discapacidad en Gaza y Cisjordania, en un contexto de crisis humanitaria sin precedentes en la región.