El ministro boliviano de Relaciones Exteriores señala la voluntad de reanudar vínculos diplomáticos con Chile este año, con la mira puesta en 2026, y subraya la importancia de puertos, comercio y migración pese a reclamaciones históricas.
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció públicamente la voluntad de su país de restablecer las relaciones diplomáticas con Chile después de casi seis décadas de distancias y complicidades intermitentes.
En una entrevista publicada por Brújula Digital, el funcionario respondió con un categórico sí a la posibilidad de reanudar vínculos bilaterales, al tiempo que dejó claro que las diferencias históricas no han desaparecido y que no se renunciará a ciertos planteamientos que han marcado la relación entre ambas naciones.
La declaración se inscribe en un contexto regional en el que varias administraciones buscan normalizar encuentros y reducir fricciones, especialmente en un entorno económico que favorece la cooperación en puertos y rutas logísticas.
Aramayo señaló que, si bien persisten reclamaciones de tipo marítimo, existen numerosos elementos que pueden unir a Bolivia y Chile: lo geográfico, lo turístico y lo comercial son factores que, según su visión, pueden convertirse en una base sólida para una relación más fluida y beneficiosa para ambos lados.
En sus palabras, la reevaluación de los lazos podría ir acompañada de un marco de cooperación que permita ampliar el intercambio en áreas clave, sin olvidar la memoria de los temas pendientes.
En ese sentido, indicó que la reanudación diplomática podría convertirse en una realidad en un horizonte cercano, aunque sitúa como plazo plausible el año 2026, momento en el que, a su juicio, podría consolidarse un nuevo capitulo de convivencia entre ambos países.
En lo comercial, el ministro enfatizó que la presencia boliviana en los puertos chilenos genera actividad económica y empleo, y añadió que la economía boliviana no puede pensarse sin esos corredores de acceso y tránsito.
Según su lectura, la integración de estos puertos facilita movimiento de mercancías, reduce costos logísticos y crea oportunidades para inversiones binacionales.
Por ello, defendió la idea de perfeccionar ese relacionamiento para sacar mayor provecho a la interdependencia existente, siempre enmarcada en un diálogo transparente y sostenido.
Respecto a la transición política que vive Chile, Aramayo dijo que Bolivia respeta el proceso institucional y valoró positivamente las señales de diálogo entre el presidente actual, Rodrigo Paz, y su par electo en Chile, José Antonio Kast.
A su juicio, esa responsabilidad compartida debe acompañar cualquier esfuerzo para crear puentes y evitar que las diferencias se conviertan en obstáculos para la cooperación en temas de interés mutuo, como migración, seguridad fronteriza y desarrollo regional.
En esa línea, expresó que la cooperación migratoria es un eje que debe tener protagonismo en las agendas bilaterales, pero también en la conversación regional que involucra a países como Perú, Argentina y Brasil, con miras a construir políticas más coherentes y coordinadas.
Más allá de la realidad actual, la relación entre Bolivia y Chile tiene una historia marcada por la Guerra del Pacífico (1879-1884) y el Tratado de 1904, que dejó a Bolivia sin litoral y condicionó durante décadas las aspiraciones bolivianas de acceso al mar.
Esta memoria histórica continúa influyendo en el discurso público y en las negociaciones de frontera y de uso de puertos. Aun así, la periodicidad de encuentros y la existencia de acuerdos técnicos impulsan la idea de que es posible avanzar hacia una senda de cooperación que aporte beneficios tangibles a poblaciones y empresas de ambos países.
En ese marco, la posibilidad de una reanudación en 2026, si finalmente se consolida, podría alterar dinámicas regionales, impulsar proyectos logísticos y abrir mercados para bienes y servicios, siempre que exista un marco claro de acuerdos que reduzca incertidumbres y fortalezca la confianza entre las autoridades y los actores económicos de ambos lados.
Supuestamente, ese marco podría incluir mecanismos de transparencia, revisión de acuerdos portuarios y programas conjuntos de migración laboral, entre otros temas prioritarios para la convivencia pacífica y productiva en el Cono Sur.