Las protestas que sacuden Ecuador desde hace una semana continúan intensificándose, dejando un saldo de un manifestante fallecido, 12 militares heridos y 17 personas detenidas, según denuncian las organizaciones indígenas.

Estas movilizaciones, convocadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), surgieron en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, que supuestamente hizo que el precio del combustible subiera de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón, unos 2,55 euros.

La medida, que el gobierno justifica como una estrategia para reducir el gasto público y combatir el narcotráfico, ha generado una ola de protestas en varias provincias, siendo la provincia de Imbabura, en el norte del país, el epicentro de los enfrentamientos.

En Otavalo, la capital de Imbabura, un millar de manifestantes atacó un destacamento policial el lunes pasado, dañando sus instalaciones y incendiando al menos diez vehículos policiales y particulares.

La situación se ha ido agravando, con reportes de detenciones de indígenas y presuntos venezolanos, estos últimos supuestamente vinculados a la banda criminal transnacional conocida como 'Tren de Aragua', a la cual el gobierno ecuatoriano califica como organización terrorista.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó de 'terroristas' a quienes perpetraron estos ataques y acusó a algunos manifestantes de emboscar un convoy que llevaba ayuda humanitaria en la madrugada del domingo.

Supuestamente, la policía y las Fuerzas Armadas han intensificado sus operativos, desplegando un contingente desde Quito hacia la zona norte del país, en un intento de controlar la situación.

La Conaie denunció que esta acción es un intento de reprimir a los pueblos indígenas que mantienen su resistencia en el marco del paro nacional. La organización también informó sobre la muerte de Efraín Fuerez, un comunero indígena de Cuicocha, en Imbabura, quien presuntamente fue alcanzado por un disparo de las Fuerzas Armadas.

Aunque el gobierno no ha emitido aún una declaración oficial, organizaciones de derechos humanos y la propia Conaie han condenado el uso de la fuerza letal.

En medio de la tensión, se reportan bloqueos en varias localidades y limitaciones en la señal de internet en comunidades como Cotacachi y Otavalo. La Empresa de Agua Potable de Ibarra, la capital de Imbabura, anunció que debido a las manifestaciones, varias zonas presentan bajas presiones o suspensiones en el suministro de agua, ya que la red de distribución fue dañada por los enfrentamientos.

El detonante principal de estas protestas fue la eliminación del subsidio al diésel decretada hace dos semanas, que supuestamente afectó a miles de campesinos y transportistas.

El gobierno de Daniel Noboa sostiene que esta medida ayuda a liberar fondos para programas sociales y combate a la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y la minería ilegal, que supuestamente se financian con la venta de combustibles subsidiados.

Sin embargo, la Conaie exige la restitución del subsidio y la liberación de los detenidos, además de denunciar una supuesta represión brutal contra los pueblos originarios.

Estas protestas no son las primeras en la historia reciente de Ecuador que enfrentan a los movimientos indígenas con el gobierno. En 2019, y también en 2022, masivas movilizaciones lograron que los presidentes de turno, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, retrocedieran en sus decisiones de eliminar subsidios tras semanas de bloqueos y enfrentamientos.

La tensión en Ecuador refleja la profunda brecha social y económica que atraviesa el país, donde las comunidades indígenas mantienen una lucha histórica por sus derechos y recursos, además de resistir a las políticas que consideran perjudiciales para sus territorios.

A medida que las protestas persisten, la comunidad internacional ha mostrado preocupación por la escalada de violencia y la posibilidad de que la situación desemboque en un conflicto mayor.

La historia del país muestra que cada crisis social ha dejado huellas profundas en su política y en las relaciones entre el Estado y sus pueblos originarios, que representan cerca del 7% de la población pero ocupan vastas extensiones de tierra y recursos naturales clave para el desarrollo del país.