El presidente de Argentina, Javier Milei, ha presentado una declaración formal ante la justicia en respuesta a una demanda que le fue interpuesta por un comentario publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que se refirió a un niño de 12 años con autismo.

La polémica generada por esta publicación ha puesto en el centro del debate la tensión entre la libertad de expresión y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Supuestamente, la publicación en cuestión fue compartida en junio pasado y contenía acusaciones dirigidas al niño, identificado como Ian Moche, y a un periodista que entrevistó al menor.

Milei lo calificó de “kuka”, un término despectivo que en Argentina se usa para referirse al peronismo de izquierda, y también acusó al periodista de “operar contra el gobierno”.

La publicación incluía además una fotografía de Ian en una entrevista televisiva, en la que el niño relataba su experiencia con Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Supuestamente, en esa entrevista, Spagnuolo le preguntó a la madre de Ian por qué tendría que pagar peaje y no ella, en una declaración que fue considerada por la familia como ofensiva y discriminatoria.

La familia de Ian, que ha sido un activo defensor de los derechos de las personas autistas en Argentina, presentó una demanda formal solicitando que Milei elimine la publicación y se disculpe públicamente.

La denuncia argumenta que los comentarios del mandatario constituyen una incitación al odio y generan un daño psicológico y social al menor y a su familia.

Según Andrés Gil Domínguez, abogado de la familia, esta campaña de hostigamiento también incluyó la difusión de información personal del niño en redes sociales, en una supuesta estrategia de ataque que busca desacreditar su labor y su postura en defensa de los derechos de las personas con autismo.

En su respuesta ante la justicia, Milei sostuvo que su publicación está amparada por el derecho constitucional a la libertad de expresión, y que no actuó en calidad de presidente en aquel momento, sino como ciudadano.

Además, afirmó que su comentario no tiene la intención de dañar ni discriminar, sino que forma parte del debate público legítimo. Supuestamente, el mandatario negó que la publicación estuviera relacionada con su rol oficial y que su cuenta en la red social X fuera una cuenta oficial del gobierno.

Este caso ha causado revuelo en Argentina, donde los debates sobre la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos están en auge.

La familia de Ian también ha señalado que esta situación impacta en el caso LIBRA, un episodio en el que Milei promovió el lanzamiento de una criptomoneda que supuestamente infló su valor hasta que los inversores más grandes lograron retirar sus ganancias, dejando al mercado en caos.

La controversia sobre esa operación ha llevado a investigaciones judiciales tanto en Argentina como en el extranjero.

Por otra parte, en julio pasado, el Parlamento argentino aprobó una ley de emergencia en materia de discapacidad que garantiza la financiación de pensiones y la asistencia social, en un esfuerzo por fortalecer los derechos del sector.

Sin embargo, el presidente Milei vetó dicha ley, junto con una iniciativa que proponía aumentos económicos para los pensionados argentinos, lo que ha generado un debate adicional sobre sus políticas y su postura respecto a los derechos sociales.

Supuestamente, esta serie de incidentes refleja un momento de alta tensión política en Argentina, donde las redes sociales se han convertido en un terreno de confrontación y debate público.

La defensa del respeto y la protección de los derechos de las personas con discapacidad sigue siendo un tema prioritario en la agenda social del país, y la actuación de figuras públicas como Milei será observada de cerca por la ciudadanía y las instituciones jurídicas en los próximos meses.