Hace aproximadamente dos semanas, una joven marinero de la Armada Argentina sufrió una grave lesión que ha conmovido a la institución y generado un fuerte debate público.

La oficial en cuestión, identificada como Brisa Párez, de 21 años, resultó gravemente herida durante una sesión de entrenamiento de instrucción en técnicas antidisturbios en la base naval de Vicente López, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

El incidente ocurrió en un contexto de ejercicios físicos y tácticos destinados a preparar a los militares para situaciones reales de confrontación o disturbios.

Según informes preliminares, uno de los instructores habría golpeado con un escudo a la joven, provocando que cayera de espaldas y sufriera un golpe en la cabeza.

La gravedad del impacto fue tal que Párez quedó tendida en el suelo sin poder levantarse de inmediato.

Testigos del hecho relataron que, en lugar de asistir a la joven, la rutina del entrenamiento continuó y no se le brindó atención médica en el momento.

La marinero manifestó, en sus primeros contactos con los superiores y el personal de salud, que sentía un intenso dolor en la cabeza, aunque su situación no fue atendida de forma inmediata.

La falta de respuesta rápida y la posible negligencia en la atención generaron una fuerte controversia y preocupación en la comunidad militar y en la sociedad en general.

Luego del incidente, Brisa Párez fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde reportó que la parte izquierda de su cuerpo presentaba parálisis.

Además, sufrió una convulsión que requirió su traslado al Hospital Militar Central, donde fue inducido en coma para estabilizar su condición. Según informaciones de medios argentinos, la joven ya habría salido del coma y continúa en recuperación, aunque su estado sigue siendo crítico.

El caso ha desencadenado una investigación judicial de gran alcance. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado asumió la causa y ordenó la detención de ocho oficiales superiores implicados en el entrenamiento. La fiscalía también ordenó la incautación de teléfonos celulares, documentos internos y grabaciones audiovisuales del día del incidente, con el fin de esclarecer todos los hechos y responsabilidades.

Por su parte, la Armada Argentina inició una investigación interna para esclarecer las circunstancias del suceso y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.

La institución ha expresado su profundo dolor y preocupación por lo ocurrido, además de garantizar la atención médica y el apoyo necesario para la joven marinero.

Este incidente no solo ha puesto en evidencia posibles fallos en los protocolos de seguridad y atención dentro de la fuerza naval, sino que también ha generado un debate sobre las condiciones de entrenamiento y la protección de los derechos de los militares en formación.

La sociedad argentina exige justicia y transparencia en un caso que ha puesto en jaque la reputación de una de sus instituciones más respetadas y que, en los últimos años, ha enfrentado diversos desafíos relacionados con la transparencia y la protección de sus integrantes.

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