El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con los rectores de las universidades españolas en el complejo de La Moncloa. En la cita también estuvo la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. El encuentro ha servido para que Sánchez anuncie una serie de aumentos presupuestarios que, según él, demuestran su compromiso con la calidad del sistema universitario.

Primero, hay que saber qué es la CRUE. Son las siglas de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas. Agrupa a todas las universidades públicas del país (50) y a 27 privadas. Es la voz de las universidades ante el Gobierno y las administraciones. Su nuevo presidente es Julián Garde, elegido en una asamblea general el pasado mayo.

Los números que ha soltado Sánchez son llamativos. El presupuesto de la UNED (la Universidad Nacional de Educación a Distancia) ha subido casi un 60% en esta legislatura. La financiación para proyectos de investigación y atracción de talento ha crecido un 50%. Pero donde más se ha notado es en las becas para estudiar en la universidad, que han aumentado más de un 80%. Además, el Gobierno ha puesto en marcha el programa María Goyri, con 900 millones de euros para contratar durante seis años a 3.400 profesores ayudantes doctores en toda España. A esto hay que sumar otras 2.236 plazas que financiarán las comunidades autónomas.

Para los que tenemos pocos conocimientos de números, esto suena a mucho dinero. Pero conviene hacer algunas preguntas. ¿De verdad este dinero va a llegar a las aulas? ¿O se quedará en papeleo? Históricamente, España ha invertido menos que la media europea en educación superior.

Durante la crisis de 2008, las universidades perdieron muchos profesores y se recortaron partidas. Este Gobierno quiere recuperar ese terreno, pero con un gasto público que ya es muy elevado. A algunos les preocupa que tanto dinero no se traduzca en una mejora real de la calidad. Por ejemplo, el programa María Goyri pretende rejuvenecer el profesorado, pero ¿qué pasará cuando terminen los seis años? ¿Se quedarán esos profesores en plantilla o volverán a la precariedad? Y todo esto en un contexto donde muchos jóvenes españoles tienen que irse al extranjero para encontrar trabajo cualificado.

Además, las universidades privadas también están en la CRUE y se benefician de estos acuerdos, aunque no reciben dinero público directamente. El Gobierno insiste en que la educación es una prioridad, pero muchos piensan que antes de soltar millones habría que asegurarse de que se gestionan bien.

En resumen, Sánchez ha prometido más dinero para las universidades. Los rectores han escuchado y seguirán negociando. Pero el ciudadano de a pie se pregunta si tantos millones van a servir para algo o solo son humo. Lo que está claro es que el debate sobre la educación en España sigue abierto.