El Observatorio Vasco de Vivienda ha presentado un nuevo informe que subraya la significativa necesidad de establecer un modelo sostenible de colaboración entre los sectores público y privado en Euskadi.

Este enfoque no se limita a compartir riesgos financieros, sino que propone la construcción de compromisos estables que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible, un derecho social consagrado en diversas normativas internacionales y nacionales.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha afirmado que "Euskadi tiene la oportunidad única de liderar un modelo propio de vivienda asequible, fusionando la innovación local con recursos públicos y asociaciones responsables con el sector privado".

La situación actual del mercado de viviendas en Euskadi es crítica, marcada por el continuo aumento de los precios de alquiler, la precariedad en el empleo y una creciente carencia de suelos disponibles para el desarrollo de nuevas viviendas.

Ante este panorama, el Gobierno Vasco, en colaboración con la Universidad del País Vasco, ha elaborado un exhaustivo estudio que pone de manifiesto cómo la cooperación entre ambos sectores puede ser una vía eficaz para abordar el déficit de viviendas asequibles.

Este análisis profundiza en los mecanismos de colaboración existentes, contextualiza la normativa a nivel internacional, estatal y local, y contrasta las políticas en Euskadi con ejemplos exitosos a nivel europeo.

En este sentido, se propone una hoja de ruta que fortalecería un modelo vasco único, guiado por principios de sostenibilidad, equidad y la función social de la vivienda.

"Es un momento crítico para dotar a Euskadi de nuevos instrumentos de colaboración público-privada que financien proyectos de vivienda protegida", señala Itxaso.

Recientemente, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha colaborado con el Departamento de Hacienda y Finanzas en la creación de un nuevo instrumento financiero que logre estos objetivos.

Esto se alinea con la intención de reservar suelo estratégico durante esta legislatura. Se ha identificado que uno de los principales ejes de la política de vivienda actual, junto con la implementación de medidas urgentes y la declaración de zonas de alta demanda, es facilitar a las instituciones vascas los recursos necesarios para aumentar significativamente la oferta de vivienda protegida.

Los datos del informe son alarmantes: el 74,8% de los inscritos en el registro de demandantes Etxebide destina más del 30% de sus ingresos al alquiler, superando el umbral de esfuerzo económico aceptable.

Más preocupante aún es que el 33,1% acaba destinando más del 40% de sus ingresos a este gasto. Esto resalta la urgente necesidad de encontrar soluciones estructurales que amplíen la oferta de viviendas y protejan a los inquilinos, que abarcan desde jóvenes y migrantes hasta familias monoparentales y hogares con ingresos modestos.

El informe también reconoce la transformación del rol del Estado, que ha pasado de ser un regulador pasivo a convertirse en un actor proactivo en la creación de mercados habitacionales.

En este marco, el concepto de un "estado emprendedor" se manifiesta claramente en la defensa de Itxaso sobre la necesidad de que el sector público lidere inversiones estratégicas para facilitar un ecosistema de vivienda asequible, fomentando la participación de agentes privados y organizaciones del tercer sector.

Desde 2021, la vivienda de alquiler ha sido el núcleo central del programa habitacional del Gobierno Vasco. Iniciativas como Bizigune, ASAP y Gaztelagun han sido puestas en marcha con el fin de asegurar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta de alquiler asequible.

Asimismo, el documento enfatiza la necesidad de pasar de un modelo que favorece al sector privado sin compromisos a uno en el que ambos actores compartan riesgos, responsabilidades y beneficios.

Ejemplos de buenas prácticas internacionales, como la gestión de viviendas en Viena o las corporaciones de vivienda en los Países Bajos, demuestran el potencial de este tipo de cooperación.

El informe concluye que el verdadero éxito no solo consiste en firmar acuerdos, sino en construir relaciones de confianza con todos los implicados en el proceso.

Para ello, propone la alineación de normativas con principios de derechos humanos y sostenibilidad, junto a mecanismos de gobernanza compartida. La colaboración entre el sector público y privado, lejos de ser una mera opción, se presenta como una herramienta estratégica esencial para abordar la crisis de la vivienda en Euskadi.