El consejero de Vivienda y Agenda Urbana de Euskadi anuncia la movilización de recursos para ampliar el parque de viviendas protegidas en Álava, con miras a la meta de 2030.
En el marco de su compromiso con el desarrollo social y urbano, el gobierno vasco, a través del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha subrayado la importancia de aumentar significativamente la oferta de viviendas protegidas en la provincia de Álava.
Durante el cierre un institucional de la Asamblea Uneca, principal patronal del sector de la construcción en Álava, Itxaso hizo un llamamiento a las empresas constructoras para que movilicen todos sus recursos y puedan contribuir a alcanzar la meta de ampliar el parque de viviendas sociales para 2030.
Este anuncio se enmarca en un esfuerzo más amplio de Euskadi por afrontar los retos de la vivienda asequible, que ya se evidencian en varias ciudades del País Vasco.
La demanda de viviendas protegidas ha ido en aumento en los últimos años, impulsada por el crecimiento poblacional y el incremento de los costes de construcción.
La inversión en este sector es considerada clave para garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible para todos los habitantes.
La propuesta del gobierno vasco contempla la movilización de fondos públicos y privados para facilitar la construcción y rehabilitación de viviendas.
Asimismo, busca potenciar la colaboración entre administraciones, sector privado y entidades sociales, en línea con las políticas de desarrollo sostenible y equidad social.
Según datos históricos, Euskadi ha tenido un papel destacado en la promoción de viviendas protegidas ya desde los años 80, cuando se pusieron en marcha las primeras leyes de vivienda que buscaban combatir la especulación y facilitar el acceso a la vivienda.
El sector de la construcción en Álava, en particular, ha considerado fundamental que las empresas actúen con responsabilidad social, aportando innovación y eficiencia en sus proyectos para acelerar la expansión del parque de viviendas protegidas.
En términos económicos, la inversión anunciada para este proyecto equivale a aproximadamente 110 millones de euros, financiados en parte con fondos estatales, autonómicos y mediante colaboración con entes privados.
Por otro lado, especialistas en urbanismo recuerdan que la ampliación del parque de viviendas protegidas no solo impacta en el bienestar social, sino que también fomenta la economía local, genera empleo y contribuye a la integración social.
Además, propone un horizonte de planificación hasta 2030, con metas intermedias ambiciosas, en línea con los compromisos internacionales del País Vasco en materia de sostenibilidad y derechos humanos.
El consejero Itxaso concluyó su intervención enfatizando que el éxito de esta estrategia dependerá en gran medida de la colaboración activa del sector de la construcción, y aseguró que el gobierno continuará apoyando las iniciativas que contribuyan a un desarrollo urbano equilibrado y justo en Euskadi.