En la región de Euskadi, esta mañana tuvo lugar un desayuno informativo organizado por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por el consejero Denis Itxaso.

El acto se llevó a cabo en el Gran Hotel Lakua, en Vitoria-Gasteiz, y contó con la presencia de periodistas especializados en la materia, con el propósito de explicar el asesoramiento técnico brindado a los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno, así como las principales iniciativas de la nueva Ley de Medidas Urgentes en Vivienda, Suelo y Urbanismo.

La normativa surge como una respuesta inmediata a uno de los retos sociales más relevantes en Euskadi, orientada a dinamizar el mercado de la vivienda y mejorar el acceso a viviendas dignas para todos.

La ley está diseñada para movilizar tanto suelo público como privado, reducir los trámites burocráticos en los procesos urbanísticos y fortalecer la vivienda de protección pública (VPP), con especial atención al alquiler social y dotacional.

El acto contó con la intervención de diversos responsables políticos y técnicos. Además de Denis Itxaso, asistieron Miguel de los Toyos, viceconsejero de Vivienda; Juan Carlos Abascal, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana; Mikel Gargallo, director de Planificación Territorial; Patricia Val, directora general de Alokabide, y Mario Yoldi, responsable de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.

La nueva ley busca hacer frente a uno de los principales desafíos sociales de Euskadi: la escasez de vivienda asequible y la necesidad de crear un mercado más inclusivo y sostenible.

En línea con el Plan Director de Vivienda 2025-2027, esta iniciativa pretende acelerar y simplificar los procedimientos de urbanización, además de promover el aumento de viviendas protegidas, especialmente en zonas tensionadas.

Entre las principales medidas se encuentran la cesión obligatoria de suelo: en el caso de terrenos residenciales superiores a 20.000 metros cuadrados, los propietarios deberán ceder hasta un 15% de su edificabilidad a las administraciones públicas para uso residencial protegido.

También se introduce un procedimiento de tramitación acelerada para proyectos prioritarios, eliminando obstáculos como los Planes de Ordenación Urbanística (PAU), e implementando mecanismos de silencio positivo para reducir la burocracia y agilizar licencias.

Asimismo, la ley flexibiliza los parámetros urbanísticos, permitiendo que los ayuntamientos puedan ajustar el porcentaje de viviendas protegidas en sectores inviables, manteniendo un mínimo del 55% en vivienda social.

Además, en zonas declaradas como tensionadas, se suspenderá la concesión de nuevas viviendas turísticas y se aplicarán sanciones en casos de incumplimiento de la función social de la vivienda.

Otra de las medidas relevantes es el impulso a alojamientos dotacionales, facilitando procedimientos de contratación pública más ágiles y promoviendo promociones conjuntas y en procedimientos urgentes para incrementar la oferta de viviendas sociales.

Todo ello forma parte de un plan integral para reforzar la cohesión social y avanzar hacia un parque habitacional mucho más accesible y sostenible.

Desde una vertiente histórica, cabe recordar que Euskadi ha sido pionera en políticas urbanísticas y sociales en España desde la década de 1950, buscando siempre un equilibrio entre crecimiento económico y justicia social.

La Ley de Vivienda de 2018 y diversas legislaciones autonómicas han marcado hitos en la protección social y el acceso a la vivienda. La presente ley busca consolidar estos avances, alineándose con el compromiso del Gobierno Vasco de construir una comunidad más justa y cohesionada, en línea con los objetivos europeos de sustentabilidad y bienestar social.