La comunidad autónoma del País Vasco lidera en España un acuerdo de colaboración en materia de vivienda, contando con fondos extraordinarios y proyectos innovadores para mejorar el acceso a viviendas protegidas y reducir las zonas tensionadas.

En el contexto del compromiso por mejorar las condiciones de acceso a viviendas en España, Euskadi ha dado un paso importante al convertirse en la primera comunidad autónoma en mantener una reunión bilateral con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona el pasado viernes.

Este encuentro, celebrado en Madrid, marcó el inicio de una nueva etapa de colaboración institucional con motivo del establecimiento del futuro Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030, que busca definir políticas y acciones conjuntas en todo el país.

El consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, expresó su agradecimiento por la inversión adicional de aproximadamente 5,2 millones de euros —equivalentes a unos 5,85 millones de dólares estadounidenses— destinados a zonas con mayor tensión habitacional en Euskadi.

Este fondo extraordinario permitirá a la comunidad implementar medidas urgente destinadas a estabilizar el mercado y facilitar la construcción de nuevas viviendas.

Según anunció Itxaso, la Administración vasca tiene previsto edificar alrededor de 6.200 nuevas viviendas y espacios complementarios para el alojamiento social hasta el año 2031, específicamente en las áreas declaradas como tensionadas o aquellas en proceso de ser clasificadas como tales.

Esto forma parte de una estrategia integrada que pretende equilibrar la oferta y demanda de viviendas, uno de los mayores retos tanto a nivel autonómico como nacional.

Desde hace décadas, el mercado inmobiliario en algunas regiones de Euskadi ha mostrado desequilibrios significativos, impulsados por un crecimiento urbano acelerado y una demanda que supera la oferta disponible.

La crisis económica global de 2008 y el consiguiente estallido inmobiliario en España dejaron huellas profundas en la política de vivienda durante años, abogando por reformas y nuevas fórmulas de financiación para proteger a las familias y garantizar derechos básicos.

La comunidad autónoma ha implementado leyes específicas para resguardarse contra estos desafíos, destacando la Ley de Vivienda Vasco, que desde 2003 ha posicionado a Euskadi como uno de los territorios con un parque de viviendas protegidas más robusto de España.

Además, el gobierno vasco ha presentado recientemente una propuesta de Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, actualmente en trámite parlamentario, con la finalidad de agilizar procesos y ampliar la disponibilidad de suelo destinado a vivienda social.

Uno de los aspectos clave del acuerdo con el Gobierno Central es la participación activa en programas de inversión estatal, con la condición de que las nuevas construcciones mantengan su carácter de vivienda protegida de forma permanente.

La región también ha mostrado interés en participar en iniciativas vinculadas al PERTE de vivienda industrializada, aprovechando su amplia experiencia en el sector productivo de construcción para impulsar una industrialización que reduzca costos y tiempos.

En la misma línea, la transparencia en el mercado inmobiliario es considerada fundamental por ambas administraciones. En ese sentido, Euskadi ha resaltado la importancia del Observatorio Vasco de la Vivienda, un organismo con más de 20 años de experiencia que recopila datos en tiempo real.

Además, el programa Bizilagun, un depósito vasco de fianzas de alquiler, proporciona información útil para entender mejor las tendencias y fluctuaciones del mercado.

El compromiso de Euskadi con estas políticas refleja su voluntad de participar activamente en la definición y aplicación de políticas nacionales de vivienda, con un fuerte énfasis en la responsabilidad social y el desarrollo urbano sostenible.

La colaboración con Madrid permitirá potenciar recursos económicos y estratégicos, para que la comunidad pueda seguir consolidando un parque de viviendas de protección oficial más amplio y equilibrado, en línea con los objetivos del Pacto Social por la Vivienda 2036 y las metas de reducción del desempleo y exclusión social relacionadas con el acceso a la vivienda digna.