En el País Vasco, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha llevado a cabo una actualización del listado de municipios considerados en zonas de mercado residencial tensionado.

Esta cifra ha variado, con 11 localidades saliendo de la lista y 14 nuevas incorporaciones, reflejando los cambios en la dinámica del mercado inmobiliario en la región.

La medida se basa en los criterios establecidos por la reciente Ley estatal 12/2023 del Derecho a la Vivienda, que busca garantizar una vivienda digna y asequible para toda la población vasca.

Este proceso forma parte de un esfuerzo coordinado para abordar los problemas de accesibilidad y especulación en áreas con precios crecientes y altos niveles de esfuerzo económico por parte de las familias.

Con dicha ley, las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen la potestad de declarar zonas tensionadas, que permiten implementar medidas específicas para paliar el tensionamiento, como limitaciones en el uso de viviendas turísticas, incentivos a propietarios para facilitar el alquiler y reformas en la normativa urbanística.

Durante la presentación de esta actualización, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, resaltó que el modelo vasco consiste en un enfoque colaborativo con los ayuntamientos, en lugar de imponer decisiones desde arriba.

Subrayó que la declaración de esas zonas no es un acto unilateral, sino que requiere el compromiso y participación activa de los municipios, quienes deben elaborar un plan de acción trianual enfocado en aumentar la oferta de vivienda protegida y luchar contra las viviendas desocupadas.

El consejero énfasis en que este modelo evita conflictos legales y garantiza mayor seguridad jurídica, elementos esenciales para una política de vivienda efectiva y sostenible.

Además, anunció que el Gobierno Vasco está promoviendo reformas legales para ampliar las capacidades de la figura de zonas tensionadas. Entre estas medidas, se incluyen programas como Gaztelagun y Bizigune, que buscan ofrecer incentivos fiscales y ayudas directas, además de limitar la apertura de viviendas de uso turístico en los municipios afectados.

En términos estadísticos, según el 'Informe sobre zonas tensionadas en Euskadi. Abril 2025', elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda, un total de 32 municipios cumplen con al menos uno de los criterios legales para ser considerados en tensión residencial.

Estas localidades representan a más de 1,48 millones de habitantes, lo que equivale a aproximadamente el 67,3% de la población total del País Vasco.

La metodología empleada en el informe es rigurosa y toma en cuenta datos oficiales hasta finales de 2024, con indicadores claros sobre precios de alquiler, precios de compraventa y esfuerzo económico de las familias.

En Álava, destaca la localidad de Alegría-Dulantzi, que saldría de la situación de tensión. En Bizkaia, se consolidan municipios como Bilbao, Basauri, Portugalete, Santurtzi y Sestao en el listado completo. Por otro lado, localidades como Gernika-Lumo, Valle de Trapaga y Galdakao, que estaban en proceso de tensión, dejarían de estarlo. En Gipuzkoa, la situación ha evolucionado con la inclusión de nuevos municipios en tensión, como Bergara, Deba, Oiartzun, Hondarribia y Orio, mientras que otras localidades, como Beasain y Zestoa, dejarían de ser consideradas.

Junto a la actualización de las declaraciones, el Departamento de Vivienda ha puesto en marcha la plataforma digital https://zonatensionadaeuskadi.eus, una web que ofrece información clara, transparente y actualizada sobre estas zonas tensionadas. La web permite consultar los municipios afectados, los planes de acción en marcha, y explica de forma sencilla cómo estas medidas afectan tanto a inquilinos como a propietarios.

Además, la plataforma cuenta con mapas interactivos que muestran la evolución de los precios del alquiler y la compraventa en cada territorio, además de informes descargables y una sección de preguntas frecuentes.

Este portal forma parte del compromiso del Gobierno Vasco por reforzar el derecho a una vivienda digna y accesible, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

La iniciativa se enmarca en las políticas de impulso a la Ley estatal y busca fortalecer la cooperación institucional para favorecer el acceso a la vivienda, reducir la especulación, y ofrecer soluciones en áreas con alta tensión en el mercado residencial.

Con estas acciones, el Ejecutivo vasco espera reducir la presión sobre el mercado, incentivar la construcción de viviendas protegidas y garantizar que el derecho a una vivienda digna sea una realidad para toda la ciudadanía vasca.