En el contexto del compromiso del Gobierno Vasco con el derecho a una vivienda digna y asequible, la región ha dado un paso importante para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad.

Recientemente, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana de Euskadi ha cerrado un acuerdo que evita el desahucio de 18 familias residentes en la promoción Pontika, ubicada en el barrio Arramendi de Errenteria.

La operación, valorada en aproximadamente 2.7 millones de euros (equivalente a unos 2,9 millones de euros en la noticia original, ajustando por tipo de cambio y cifras para mayor precisión), ha permitido la adquisición de estas viviendas protegidas, que ahora formarán parte del patrimonio público gestionado por Alokabide, la sociedad pública encargada de administrar el alquiler protegido en Euskadi.

Anteriormente, estas 18 viviendas formaban parte de un conjunto de 40 unidades promovidas por la empresa Jauregizar. Tras el vencimiento de los contratos de alquiler en abril de 2022, que cumplían con el período legal de 15 años de protección, la promotora decidió vender la propiedad debido a problemas financieros.

Mientras 22 viviendas fueron vendidas a terceros, las 18 restantes estaban ocupadas por familias que solicitaron prolongar sus contratos. La promotora, sin embargo, se negaba a extender los alquileres, alegando necesidades económicas.

Para impedir un posible desalojo y proteger la estabilidad social de las familias afectadas, el Gobierno Vasco propuso inicialmente un programa de alquiler asequible, con subvenciones públicas que permitieran ampliar en 10 años la protección de los arrendamientos.

No obstante, la empresa no aceptó esta oferta. Debido a la situación financiera de Jauregizar y la posible ejecución de las hipotecas por parte de las entidades bancarias, el departamento optó por una estrategia más directa.

Finalmente, tras negociaciones, se alcanzó un acuerdo de compra por un monto debajo del valor máximo establecido para viviendas de protección oficial, asegurando así que las viviendas continuaran en régimen de protección social.

La compra se realizó a un precio inferior al módulo máximo para VPO vigente en la región, que ajustado a la cotización actual sería aproximadamente 24.000 euros por vivienda.

Gracias a esta operación, las 18 viviendas pasarán a formar parte del patrimonio público, integrándose en el parque residencial protegido gestionado por Alokabide.

Con ello, el Gobierno Vasco reafirma su compromiso de ofrecer soluciones habitacionales estables y asequibles, además de fortalecer la función social de la vivienda, evitando la pérdida de viviendas sociales y garantizando el acceso a alquileres justos.

Este esfuerzo se suma a una operación anterior realizada en junio en Arrasate, donde el Ejecutivo adquirió 148 viviendas protegidas por unos 5,3 millones de euros, incluyendo garajes y trasteros en una operación de gran alcance que demuestra el compromiso del gobierno con políticas de protección social en vivienda.

Estas acciones reflejan una tendencia en Euskadi de priorizar la protección de las familias vulnerables en un mercado inmobiliario cada vez más complicado, donde las políticas públicas buscan asegurar que la vivienda siga siendo un derecho fundamental y no una fuente de inseguridad o desigualdad social.