El Gobierno Vasco solicita a Airbnb eliminar 700 anuncios de alquiler vacacional que no cumplen con la normativa de registro, en un esfuerzo por garantizar un turismo más sostenible y evitar fraudes.
En la región de Euskadi, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha iniciado una acción dirigida a plataformas digitales de alquiler vacacional, solicitando la retirada de aproximadamente 700 publicaciones en su web por carecer de número de registro obligatorio.
Esta medida forma parte de una estrategia integral para fortalecer el control sobre las viviendas y habitaciones destinadas al turismo, en línea con la visión del gobierno autonómico de promover un turismo sostenible y libre de fraude.
El Consejero de Turismo, Javier Hurtado, compareció recientemente ante el Parlamento Vasco para explicar las nuevas políticas. Hurtado resaltó que la introducción del nuevo registro en la Ventanilla Única responde a la necesidad de supervisar mejor la oferta turística y proteger tanto a los visitantes como a los propietarios legales.
La plataforma, que entró en vigor el 1 de julio, se integra en el marco del Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración, gestionada por el Colegio de Registradores, y exige que todas las viviendas turísticas se inscriban en un registro estatal.
Además, Euskadi mantiene su propio Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REATE), obligatorio para quienes desean operar en la comunidad.
El Gobierno Vasco ya ha dado instrucciones claras a los propietarios y titulares de viviendas y habitaciones turísticas, advirtiendo sobre las sanciones en caso de incumplimiento.
Según Hurtado, quienes no actualicen su número de registro en las plataformas digitales podrían enfrentarse a multas o incluso a la suspensión de su actividad.
La coordinación con plataformas digitales ha sido clave en estos esfuerzos, aunque no exentos de dificultades.
En ese sentido, el Ejecutivo vasco ha remitido un requerimiento formal a Airbnb para que elimine 700 anuncios que no contienen el número de registro.
La intención es que la plataforma cumpla con la normativa en un plazo determinado, de lo contrario, se aplicarán sanciones basadas en la legislación de consumo.
Hurtado aseguró que, aunque anteriormente las acciones legales para sancionar a las plataformas eran limitadas por cuestiones jurídicas, la normativa europea vigente permitirá en el futuro una mayor regulación y sanciones más efectivas.
Este esfuerzo forma parte de una política más amplia de control y regulación del sector turístico en Euskadi. La región, conocida por su marcada identidad cultural y su fuerte tradición en la industria turística, fue uno de los primeros territorios en España en legislar específicamente sobre el alquiler vacacional.
La Ley de Turismo vasca, promulgada en 2012, establece parámetros claros sobre las obligaciones de los operadores y limita la oferta en plataformas digitales.
Además, en un contexto histórico, Euskadi ha sido pionera en implementar estrategias para un turismo responsable y sostenible, promoviendo iniciativas que equilibran el crecimiento económico con la conservación del entorno natural y la calidad de vida de sus residentes.
La Administración regional ha trabajado en colaboración con ayuntamientos, diputaciones y el Ministerio de Vivienda, con el objetivo de fraguar un marco normativo robusto y garantizar que las actividades turísticas no sean fuente de desigualdad o degradación.
El reciente requerimiento a Airbnb refleja el compromiso del Gobierno Vasco con estas prioridades, y demuestra su voluntad de utilizar todas las herramientas legales y administrativas a su alcance para garantizar que el sector se adapte a la nueva normativa.
La modificación de reglamentos europeos, prevista para los próximos meses, también facilitará la imposición de sanciones a plataformas que no colaboren con la regulación del alquiler turístico.
En definitiva, Euskadi continúa reforzando sus políticas de control y coordinación para regular un sector que, pese a su importancia económica, requiere de una gestión cuidadosa y responsable.
La región busca consolidarse como un destino turístico de referencia en España, caracterizado por su compromiso con la sostenibilidad, la legalidad y la protección de los derechos de consumidores y residentes.