En Euskadi, el Consejo de Gobierno ha aprobado una Orden del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico que fija las bases y abre la convocatoria para 2026 de subvenciones destinadas al fomento de actividades del tercer sector social en el ámbito de la intervención social de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Este marco de ayudas busca reforzar la acción de las entidades del tercer sector para promover la autonomía personal, la cohesión comunitaria y la participación ciudadana.

La convocatoria se estructura en tres líneas ordinarias:

- Línea 1 financia actuaciones de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, orientadas a la autonomía personal y a la integración en el conjunto de la vida comunitaria;

- Línea 2 impulsa actividades que buscan aumentar la acción voluntaria y la participación de la ciudadanía organizada;

- Línea 3 fomenta iniciativas para la producción y adquisición de conocimiento útil para la intervención social, incluida la formación, la investigación, la publicación de resultados, la documentación y la organización de eventos técnicos, con difusión de estos conocimientos a otros agentes.

La dotación total prevista para 2026 asciende a 4.792.480 euros, distribuidos entre las tres líneas para cubrir intervenciones directas, fortalecimiento de la participación y generación de conocimiento.

Concretamente, se asignan 3.743.480 euros a la Línea 1, 599.000 euros a la Línea 2 y 450.000 euros a la Línea 3. Además, la Orden incorpora créditos de pago para 2026 y créditos de compromiso para 2027 según cada línea, con el fin de asegurar la continuidad de proyectos de mayor envergadura y facilitar la planificación de las entidades destinatarias.

Esta configuración presupuestaria se enmarca en el impulso sostenido del Gobierno vasco al tercer sector y al desarrollo social y comunitario, dotando de mayor capacidad a las entidades para sostener iniciativas con impacto directo en la cohesión social y el desarrollo local.

Históricamente, Euskadi ha venido fortaleciendo la colaboración entre la Administración y las entidades del tercer sector desde las últimas décadas del siglo XX, cuando se reforzaron marcos institucionales para la intervención social y la coordinación con actores sociales.

En las últimas décadas, la inversión pública ha buscado no solo atender necesidades inmediatas, sino también generar conocimiento y redes que permitan a comunidades enteras afrontar retos como el envejecimiento, la desigualdad y la inserción de colectivos vulnerables.

Con la convocatoria de 2026 se da un paso más en esa estrategia, buscando no solo financiación sino también mayor capacidad de gestión y rendición de cuentas por parte de las entidades.

En un entorno europeo que valora cada vez más la cooperación entre administraciones y sociedad civil, estas herramientas sirven para crear experiencias replicables en otros territorios y para consolidar un marco de cooperación que favorezca la sostenibilidad de proyectos a largo plazo.

Además, la convocatoria prioriza criterios de selección vinculados a la capacidad de gestión, al arraigo territorial y a la contribución a objetivos de desarrollo sostenible, con mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la transparencia de la inversión pública y la medición de resultados en las comunidades beneficiarias.

Estas medidas buscan no solo distribuir fondos, sino asegurar que cada euro contribuya a mejorar la calidad de vida, fomentar redes vecinales y fortalecer la cohesión social a largo plazo.