El Gobierno Vasco trabaja en la modernización de la Ley de Servicios Sociales para responder a las nuevas demandas sociales, incluyendo el envejecimiento de la población y la diversidad, con el fin de ofrecer servicios más cercanos y flexibles.
En Euskadi, hoy, Lide Amilibia, responsable del Órgano de Alta Inspección de Servicios Sociales, ha informado en una entrevista en Onda Vasca sobre los esfuerzos del Ejecutivo para renovar la Ley de Servicios Sociales.
La finalidad de esta iniciativa es ajustarla a la realidad social del siglo XXI, que ha evolucionado notablemente desde su última revisión en 2008.
Durante el último año, se ha llevado a cabo una revisión minuciosa del Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios, detectando que las necesidades y dinámicas sociales han cambiado de forma significativa en los últimos 15 años.
La población en Euskadi, como en muchas otras regiones del mundo, envejece a un ritmo acelerado, con una de las mayores proporciones de personas mayores respecto a la población total en comparación con otras comunidades autónomas españolas.
Además, la diversidad cultural y social de la ciudadanía ha incrementado, demandando una adaptación de los servicios para garantizar la inclusión y los derechos sociales de todos.
Este proceso de actualización de la normativa busca promover un sistema de servicios sociales más flexible y accesible, que pueda responder de manera efectiva a las distintas realidades de las personas.
La ley propuesta pretende fortalecer los derechos sociales, facilitando que los ciudadanos puedan acceder a recursos y apoyos ajustados a sus necesidades particulares.
La revisión también tiene en cuenta la importancia de la prevención, la autonomía personal y la atención a colectivos vulnerables, entre ellos, personas con discapacidad, inmigrantes y mayores.
El gobierno regional quiere que los servicios sean más cercanos y adaptados a cada situación, con un enfoque preventivo que priorice la calidad de vida y la integración social.
El trabajo en la actualización de la ley forma parte de una estrategia más amplia en Euskadi, que combina políticas sociales, educativas y laborales para crear un modelo de comunidad más inclusiva y sostenible.
En términos económicos, los presupuestos destinados a servicios sociales en Euskadi se incrementaron en 2023, alcanzando aproximadamente 1.500 millones de euros, lo que equivale a unos 1.650 millones de dólares estadounidenses o aproximadamente 1.380 millones de euros, en función de las tasas de cambio.
El Observatorio Vasco de Políticas Sociales subraya que estos cambios normativos buscan también responder a las tendencias demográficas y sociales a largo plazo, garantizando que la estructura de protección social sea sólida y adaptable.
El objetivo es que las nuevas disposiciones permitan a los servicios sociales ofrecer soluciones más innovadoras y eficaces, promoviendo la igualdad y la dignidad de todas las personas que viven en Euskadi.
En definitiva, la actualización de la Ley de Servicios Sociales refleja una voluntad política de mantenerse a la vanguardia en la protección social, adaptándose a los retos del presente y preparándose para los futuros.
La participación ciudadana, junto con la colaboración de entidades sociales y organizaciones comunitarias, será clave en la implementación y desarrollo de estos cambios para construir una sociedad más justa y equitativa.