En la comunidad autónoma del País Vasco, el Departamento de Salud ha anunciado una serie de medidas para revisar y mejorar el sistema estatal de compensación económica entre comunidades, con el objetivo de crear un modelo más justo, transparente y eficiente.

La iniciativa surge en un contexto en el que la propia Administración vasca ha decidido paralizar las liquidaciones de los fondos de cohesión y de garantía asistencial correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, hasta que se definan claramente los criterios de cálculo y distribución.

Durante los años 2023 y 2024, un total de aproximadamente 111.000 personas provenientes de otras comunidades autónomas recibieron atención en los servicios de Atención Primaria de Osakidetza, la red sanitaria pública vasca.

Más concretamente, en 2023 se atendieron cerca de 55.400 pacientes, mientras que en 2024 la cifra alcanzó unos 55.700. Las regiones con mayor volumen de población atendida en Euskadi fueron Castilla y León, Madrid y Navarra. Desde Castilla y León se atendieron aproximadamente 20.600 pacientes, en Madrid unos 18.800 y en Navarra cerca de 13.600. Le siguen comunidades como Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El uso más frecuente de los servicios por parte de estos pacientes incluye consultas médicas y de enfermería en centros de salud y en Puntos de Atención Continuada (PAC), además de visitas a domicilio, sesiones de preparación al parto, rehabilitación, cirugías menores ambulatorias y pruebas diagnósticas como radiografías y análisis clínicos.

Entre estos, destacan las consultas médicas —con casi 44.000 atenciones— y las de enfermería, que superan las 28.000. Los PAC registraron más de 9.300 atenciones, mientras que las consultas de matronas y las pruebas radiológicas alcanzaron cifras cercanas a las 3.700 y las 1.500, respectivamente.

Esta actividad sanitaria corresponde a los servicios proporcionados en el marco de la Atención Primaria a residentes de otras comunidades que se encuentran en Euskadi de manera temporal.

Sin embargo, la gestión de fondos y el sistema de liquidación de estos servicios ha evidenciado ciertas irregularidades y carencias normativas, tal y como ha reconocido el propio Ministerio de Sanidad del Estado.

Como respuesta a esta situación, la Dirección General de Salud del Gobierno Vasco ha promovido la creación de dos grupos de trabajo. El primero tiene como objetivo desarrollar y perfeccionar el marco normativo que rige las competencias y mecanismos de liquidación existentes, buscando garantizar un funcionamiento estable y transparente.

El segundo busca establecer una fórmula común y clara para el cómputo de la asistencia sanitaria entre las distintas comunidades limítrofes, promoviendo una mayor coherencia en las liquidaciones y en el intercambio de información.

Gracias a estas iniciativas, se espera que en adelante la información sanitaria intercambiada entre las comunidades autónomas sea más fiable y accesible, atendiendo a peticiones específicas de Euskadi.

En la actualidad, Euskadi dispone de datos detallados sobre los pacientes procedentes de otras regiones atendidos en su red sanitaria, pero no cuenta con datos comparables sobre los residentes vascos atendidos fuera de la comunidad.

Por ello, el Gobierno Vasco ha solicitado al Ministerio de Sanidad un acceso a información contrastada y exhaustiva, que permita realizar las liquidaciones con rigor técnico y administrativo.

Mientras se concluyen estos trabajos de revisión, Euskadi ha decidido paralizar las liquidaciones de fondos para los ejercicios 2023 y 2024, en espera de los informes y decisiones que emanen de los grupos de trabajo.

Este proceso no solo busca corregir y mejorar el sistema de financiación sanitaria estatal, sino también fortalecer la justicia y la equidad en la atención y el gasto sanitario interregional.

La iniciativa refleja una tendencia en varias comunidades autónomas a exigir mayor transparencia y colaboración en la gestión de recursos sanitarios, en un contexto donde los movimientos migratorios y las necesidades de salud de la población han crecido significativamente a lo largo de las últimas décadas.

La historia de la financiación sanitaria en España, marcada por constantes reformas y debates, muestra la importancia de contar con un sistema normativo claro que garantice la sostenibilidad y la igualdad entre territorios, especialmente en un país con autonomías tan diversas y con realidades sociales y económicas distintas.