En el País Vasco, la Consejera de Bienestar, Juventud y Retos Demográficos, Nerea Melgosa, ha presentado en el Parlamento Vasco el proyecto de presupuesto para el año 2026, cuyo monto total previsto alcanza aproximadamente 340 millones de euros.

La inversión está orientada a fortalecer aspectos fundamentales como la crianza, la conciliación familiar, los apoyos directos a los hogares, además de avanzar en temas de convivencia, diversidad y acción comunitaria.

Este presupuesto refleja un compromiso del Gobierno Vasco por centrarse en el bienestar de las personas, poniendo especial énfasis en el bienestar emocional, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la comunidad.

La cantidad destinada en 2026 supera los 329 millones de euros (alrededor de 342,5 millones de euros si se incluye el capítulo dedicado al personal), y representa una apuesta clara por invertir en políticas sociales que impacten positivamente en la cohesión social y en la calidad de vida de la población.

Uno de los ejes principales de esta inversión es el apoyo a las familias, con un presupuesto de aproximadamente 162 millones de euros, que incluye cerca de 156 millones destinados a la secretaría de Infancia, Adolescencia y Familias.

La estrategia busca ser una palanca que impulse la cohesión social y responda a los cambios sociodemográficos, reconociendo que las familias son la primera red de bienestar y el pilar de una comunidad inclusiva.

Se han implementado medidas relacionadas con el refuerzo de las ayudas económicas, incluyendo un aumento del 10% en las ayudas por excedencias o reducciones de jornada laboral, y la ampliación de las subvenciones para la crianza, que ahora cubren hasta los cuatro años en lugar de los tres anteriores.

Además, se incorporan nuevas ayudas para familias monoparentales con menores de entre 4 y 7 años, con una cuantía de 100 euros mensuales, y se simplifican los requisitos administrativos para facilitar su acceso.

Para 2026, se activará también el V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, la Infancia y la Adolescencia, que se extiende hasta 2030. Entre sus objetivos están promover la crianza positiva, la igualdad, la participación activa y la corresponsabilidad. Además, se pondrán en marcha iniciativas como el programa familiaK, con una inversión de 700.000 euros (unos 660.000 euros en moneda local), y el I Congreso Internacional de Familias, con un presupuesto de 200.000 euros, que buscan fortalecer el apoyo a los hogares y promover estrategias innovadoras para afrontar los retos familiares.

Por otro lado, en materia de juventud, se destinarán cerca de 43 millones de euros para promover la emancipación y la autonomía de los jóvenes. Entre las medidas destacadas están el programa Emantzipa, que ofrece 300 euros mensuales durante 24 meses a jóvenes mayores de 23 años, con un presupuesto de aproximadamente 15 millones de euros para facilitar el acceso a su primera vivienda.

También se implementa GazteAval, un sistema de avales para facilitar la adquisición de vivienda, con una inversión cercana a 165.000 euros.

Además, se reforzarán los servicios de atención y sensibilización dirigidos a la juventud, incluyendo el Servicio GAZ, que cuenta con un presupuesto de 650.000 euros para ampliar su atención psicológica en localidades como Donostia, Enkarterri y Ayala. También se destinan fondos para potenciar la participación juvenil, con partidas de unos 470.000 euros en total.

El ámbito laboral tampoco queda ajeno a estas políticas, con una inversión aproximada de 3,8 millones de euros en programas específicos destinados a la creación de empleo joven, actividades de bienestar emocional, cooperación y proyectos de intercambio a nivel europeo.

En el área de atención a los mayores y cuidados, se movilizarán cerca de 81 millones de euros para mejorar los servicios de apoyo. Se destinarán 158.000 euros en formación y acreditación para cuidadores, además de promover plataformas de teleasistencia avanzada como BetiON, con un presupuesto de más de 16 millones de euros que permitirá incorporar nuevos módulos para luchar contra la soledad no deseada.

También se apoyarán las familias cuidadoras con 150.000 euros, y se elaborará una nueva Estrategia para las Personas Mayores con una inversión prevista en torno a 80.000 euros, que incluirá participación comunitaria y acciones concretas.

Dentro de los servicios sociales, el Organismo de Alta Inspección contará con un presupuesto de casi 481.000 euros para evaluar y modificar aspectos de la Ley de Servicios Sociales, con el fin de adaptar las políticas a las necesidades actuales.

Respecto a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la inversión total supera los 60 millones de euros. Se destinarán 41,5 millones a Ayudas de Emergencia Social (AES) y a otros apoyos coordinados que permitan maximizar el impacto en las comunidades vulnerables.

En materia de acogida e integración de migrantes, se reservarán aproximadamente 17 millones de euros, incluyendo fondos para la fase de autonomía de solicitudes de asilo, programas municipales y apoyo a organizaciones del tercer sector social, como Harreragune, con cerca de 800.000 euros.

Finalmente, el área de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional contará con más de 2,8 millones de euros en 2026, un incremento del 56% respecto a años anteriores.

Se consolidarán iniciativas como el Servicio de Igualdad de Trato y No Discriminación, además de proyectos pioneros para fomentar la solidaridad entre generaciones, la atención a la diversidad sexual y de género, y la lucha contra la soledad no deseada.

En conclusión, este presupuesto refleja una apuesta decidida del País Vasco por construir una sociedad más inclusiva, solidaria y resiliente, invirtiendo en los diferentes ámbitos sociales para garantizar un futuro en el que la igualdad, la participación y el bienestar sean los ejes fundamentales.