El director del Instituto Gogora, Alberto Alonso, criticó en Extremadura la ambigüedad de la Ley de Concordia, que según él, busca justificar y relativizar distintas violencias del pasado, afectando la memoria y reconocimiento de las víctimas.
En un debate que revierte en la historia y la memoria colectiva, Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, se desplazó hasta la Asamblea de Extremadura para expresar sus perspectivas sobre la Propuesta de Ley de Concordia, actualmente en tramitación parlamentaria.
Alonso, figura clave en la promoción del reconocimiento de las víctimas del franquismo, expresó su preocupación por los posibles efectos que esta ley podría tener en la percepción de la historia y el reconocimiento real de las víctimas.
La Ley de Concordia, promovida por el Grupo Parlamentario del Partido Popular y Vox, busca, según sus promotores, fomentar la reconciliación y el entendimiento entre todos los sectores sociales.
No obstante, Alonso señala que en la práctica la ley presenta una serie de ambigüedades y una tendencia a tratar de manera equidistante episodios históricos que, en su opinión, no deberían ser comparados en igualdad de condiciones.
Para entender la posición de Alonso, es importante contextualizar el debate. La historia de España está marcada por periodos de violencia política y represión, desde la Guerra Civil, el franquismo, hasta las décadas de terrorismo de ETA en el País Vasco.
La percepción y reconocimiento de las víctimas de estos episodios han sido durante mucho tiempo un punto de reflexión y lucha social. La Ley de Concordia, en su forma actual, parece intentar agrupar en un mismo saco a todas esas víctimas, sin diferencia del contexto y las particularidades que cada una tuvo.
Alonso critica que la ley mantiene una perspectiva que, en su opinión, justifica la violencia del franquismo como la consecuencia de una violencia anterior, la de la República.
Según el director de Gogora, esto crea un relato que relativiza y diluye las responsabilidades, alejándose del compromiso de justicia y reconocimiento que requieren las víctimas.
Desde su mirada, esta ley también equivoca en la forma en que se refiere a las diferentes víctimas. Comenta que el texto las unifica en una categoría abstracta, eliminando el contexto en el que cada víctima sufrió su dolor. Por ejemplo, no es lo mismo un alcalde republicano fusilado en 1936 que un policía nacional asesinado por ETA en 1987 o un miembro de ETA abatido en un enfrentamiento en 1985.
Alonso subraya que el reconocimiento debe estar condicionado por las particularidades de cada caso, no por un concepto genérico que los agrupe.
El director de Gogora puntualiza que, si bien Extremadura cuenta con su propia ley de reconocimiento a víctimas del terrorismo (Ley 2/2020), esta propuesta pareciera olvidar o minimizar otras formas de victimización, como las sufridas durante la dictadura franquista.
Alonso denuncia que la ley actual, al usar a las víctimas del terrorismo como un escudo, termina por menospreciar las heridas ocasionadas por el franquismo y otros episodios históricos.
A la vez, Alonso resaltó la importancia de contextualizar los hechos históricos y las violencias en su momento. Argumenta que no es justo ni necesario silenciar o relativizar el sufrimiento, sino honrar y acompañar a las víctimas en su camino hacia la justicia y el reconocimiento moral.
Recordó que en la historia reciente, las heridas todavía abiertas por la represión y la violencia política siguen vivos en muchas familias y comunidades.
Este debate también forma parte de una historia más amplia, en la que España ha tenido que afrontar su pasado con un esfuerzo colectivo por construir una memoria que sea fiel a los hechos y respetuosa con las víctimas.
Desde la transición democrática, diferentes gobiernos y organizaciones han promovido leyes y programas para recordar y honrar a quienes sufrieron en épocas de represión y violencia.
Por ello, para Alonso, la ley debe ser clara en distinguir los diferentes episodios y no buscar justificar unas violencias con otras, sino procurar la justicia, la memoria y la reparación que merecen todas las víctimas por igual.
Solo así, concluye, se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y consciente de su historia, sin repetir los errores del pasado ni minimizar el sufrimiento de quienes lo padecieron.