En el País Vasco, el Observatorio Vasco de Servicios Sociales BEHATUZ ha llevado a cabo una importante jornada centrada en el papel de la inteligencia artificial (IA) en la mejora de los servicios sociales.

Más de 100 participantes, entre profesionales, expertos y representantes institucionales, se congregaron en el Palacio Miramar de Donostia para dialogar sobre los desafíos y oportunidades que presenta la incorporación de la IA, con el objetivo de promover un uso responsable, ético y eficaz de estas tecnologías en el ámbito social.

Este encuentro se produce en un momento en el que la Unión Europea y las instituciones españolas están poniendo en marcha regulaciones específicas para garantizar que el desarrollo y la aplicación de la IA respeten principios fundamentales como la protección de derechos humanos, la transparencia y la igualdad.

La iniciativa del País Vasco refleja su compromiso con un enfoque preventivo y ético en la innovación social.

Durante el evento, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, presentó cinco compromisos clave para integrar la IA en los servicios sociales vascos, de acuerdo con los valores de universalidad, equidad, calidad, sostenibilidad y eficacia.

Para empezar, enfatizó que la persona siempre debe estar en el centro del proceso: ninguna herramienta de IA debe sustituir la valoración profesional ni la decisión de cada individuo sobre su propio proyecto vital.

La tecnología debe acompañar, no decidir.

El segundo compromiso hace referencia a la ética y la responsabilidad en el diseño y uso de sistemas con IA. Esto implica realizar evaluaciones exhaustivas del impacto algorítmico, análisis de sesgos, garantizar la explicabilidad de los algoritmos y establecer mecanismos claros para que las personas puedan presentar reclamaciones si consideran que sus derechos han sido vulnerados.

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar errores y daños, especialmente en contextos vulnerables.

El compromiso tercero se centra en la gestión de datos. Se promoverá el intercambio de información entre plataformas interoperables que protejan la privacidad, evitando la fragmentación de datos en 'islas informativas'.

La interoperabilidad y la protección de datos permitirán obtener un mejor contexto y una atención más personalizada, sin comprometer los derechos de privacidad.

En cuanto al aspecto de recursos, Melgosa subrayó que es fundamental fortalecer las capacidades del sector público mediante la formación de equipos multidisciplinares integrados por profesionales sociales, tecnólogos, juristas, economistas, personas con experiencia y miembros del Tercer Sector.

La autonomía y competencia del sector público son esenciales para definir los fines y formas de implementar la IA en los servicios sociales.

Por último, el quinto compromiso apunta a testar, medir y escalar las soluciones de IA con cautela. Solo aquellas que demuestren mejoras claras en calidad, equidad y eficiencia se implementarán de manera definitiva. La apuesta no es por la novedad por sí misma, sino por el impacto real y positivo en la sociedad.

En su intervención, Melgosa recordó que en Europa ya existen ejemplos donde sistemas automatizados mal diseñados han perjudicado a las poblaciones vulnerables, como en la infancia o en atención a personas con discapacidad.

La experiencia demuestra que sin controles adecuados, la falta de transparencia y la ausencia de participación ciudadana pueden profundizar las desigualdades existentes.

Por ello, es necesario un buen gobierno que garantice que la IA sirva para promover la justicia social.

El encuentro contó con la participación de expertos como Albert Sabater Coll, profesor de Sociología Computacional en la Universidad de Girona y director del Observatorio de Ética en IA de Cataluña; Konstantina Leventi, responsable de políticas en la European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD); así como Juan Martín Doreste, Viceconsejero de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias.

Además, intervinieron investigadores y responsables de programas como HarilkAI de la Universidad del País Vasco, y profesionales de la teleasistencia y entidades sociales.

Este evento refleja la voluntad del País Vasco de situarse a la vanguardia en la regulación ética de la inteligencia artificial, integrando estos avances tecnológicos en la protección y mejora de los derechos sociales.

La apuesta por principios éticos y la participación ciudadana en la implementación de la IA en servicios sociales pretende situar a Euskadi como un referente en innovación social responsable, con una visión a largo plazo que prioriza la igualdad y la justicia social en su modelo de atención comunitaria.