El estudio anual del Barómetro 2025 revela una mejora en las percepciones sociales hacia la inmigración en Euskadi, con un índice de apertura que alcanza los 65,86 puntos sobre 100 y un respaldo mayoritario a los derechos universales para personas migrantes.
Durante 2025, en Euskadi se ha observado una tendencia positiva en las actitudes sociales hacia la población migrante, tras un periodo complejo marcado por tensiones mediáticas y elecciones.
El 'Barómetro 2025', realizado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco en colaboración con la Universidad del País Vasco y Ikuspegi, evidenció que la sociedad vasca continúa consolidando su postura de apertura y aceptación respecto a la inmigración.
Este estudio anual que mide las percepciones y actitudes hacia las personas migrantes en la comunidad autónoma de Euskadi –que abarca las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya– revela que, en 2025, el Índice de Apertura hacia la inmigración alcanzó los 65,86 puntos sobre 100, significando un incremento de más de dos puntos respecto a 2024 (63,54).
Este dato refleja la evolución favorable en las percepciones sociales, que se viene consolidando desde la pandemia de COVID-19 y tras la crisis de Ucrania, donde la ciudadanía demostró una solidaridad y comprensión inéditas.
El análisis de perfiles del estudio clasifica a la población en tres grandes grupos según su grado de apertura: el grupo 'abierto', que incluye al 54,2 %, con una puntuación promedio de 75,63 puntos; un grupo 'ambivalente' (33,7 %) y otro 'reacio' (12,2 %), que representa a las posiciones minoritarias.
Importante es destacar que la migración ya no se percibe como un problema principal; solo el 9,7 % de los encuestados la mencionó como uno de los principales desafíos del territorio, y en el plano personal, la cifra se reduce al 2,7 %, cifras mínimas en la serie histórica.
Además, la mayoría considera que la llegada de personas migrantes es un fenómeno estructural que continuará en los próximos años, ya que el 90 % de los entrevistados opina que en los próximos cinco años aumentará la inmigración.
Por otro lado, la percepción de los efectos positivos de la inmigración en Euskadi sigue en aumento. La mayoría reconoce su aportación al desarrollo económico, con un 73,6 % que valora su contribución al mercado laboral, y un 71 % considera que la migración ayuda a contrarrestar los efectos del envejecimiento poblacional.
En el plano cultural, el 75,5 % opina que la inmigración enriquece la vida cultural vasca, aunque también existe una percepción de que la sociedad debería mantener cierta homogeneidad cultural.
Respecto a los derechos, se mantiene un apoyo contundente a las políticas integradoras. El 84,7 % de la población considera que la asistencia sanitaria debe brindar igualdad de condiciones independientemente del estado migratorio, y el 80,2 % comparte esta visión sobre la educación.
Asimismo, un 69,8 % piensa que las instituciones deben garantizar condiciones dignas para menores y jóvenes extranjeros sin referentes familiares, apoyando sistemas de distribución en varias comunidades o residencias tuteladas.
El respaldo a la regularización y a la acogida de inmigrantes es notable: un 92,8 % respalda la llegada de migrantes, especialmente para fines laborales, y casi el 87 % está dispuesto a acoger solicitantes de refugio, con la mayoría condicionando su aceptación a la verificación de persecución o vulnerabilidad.
Las percepciones también muestran que la sociedad sobreestima la proporción de población extranjera en Euskadi, calculando en promedio un 22,6 %, frente al dato real del 14,1 %.
Sin embargo, el incremento de extranjeros proviene mayoritariamente de América Latina, que representa más de la mitad de la población migrante y de los nuevos empadronamientos.
Finalmente, el estudio evidencia un rechazo creciente a estereotipos xenófobos y expresiones vociferadas en ciertos segmentos sociales. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, destacó que estos resultados reflejan una Euskadi que apuesta por la convivencia, la igualdad de derechos y una gestión ordenada de la diversidad.
Por su parte, Ixone Fernández de Labastida resaltó la importancia de la investigación para entender la realidad migratoria y promover políticas públicas basadas en datos confiables y promover una mayor cohesión social a través de la educación y la información continua.