En el País Vasco, las instituciones gubernamentales y la sociedad civil continúan fortaleciendo su compromiso con los principios del Gobierno Abierto a través del desarrollo de su tercer Plan de Acción, que abarcará hasta 2028.

Este nuevo ciclo busca profundizar en aspectos clave como la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas, la evaluación de políticas públicas, la gobernanza colaborativa y la participación ciudadana.

El reciente lanzamiento del plan, impulsado por el Gobierno Vasco en colaboración con las tres diputaciones forales (Gipuzkoa, Bizkaia y Álava) y los ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz, representa un paso importante para consolidar la democracía abierta en la región.

Además, cuenta con la participación de organizaciones como Innobasque, la agencia vasca de innovación, así como diferentes agentes de la sociedad civil, que aportan ideas y experiencia en la implementación de políticas públicas participativas.

Desde su incorporación en 2018 a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), Euskadi ha venido desarrollando dos planes de acción anteriores, cada uno con cinco compromisos específicos.

La ejecución de estos programas ha permitido concretar más de diez proyectos en áreas como la participación de la ciudadanía, la mejora de la gestión pública y la transparencia institucional.

La continuidad y ampliación de estos esfuerzos muestran el compromiso de la región con una administración pública más abierta y responsable.

El nuevo plan contempla cuatro compromisos principales que serán abordados mediante proyectos conjuntos y liderados por distintas instituciones. El primero busca hacer realidad la iniciativa ciudadana en materia normativa, creando un protocolo que facilite la gestión efectiva de propuestas legislativas populares, con la participación activa del Parlamento Vasco, además del Gobierno Vasco y las diputaciones.

El segundo compromiso centra esfuerzos en impulsar la participación de la juventud en la definición del futuro regional. Para ello, se diseñará un marco metodológico que evalúe y promueva mecanismos de participación juvenil en la actividad pública, apoyándose en modelos similares a plataformas internacionales como el