En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Consejo de Gobierno ha autorizado una batería de subvenciones destinadas a impulsar las actividades del tercer sector social en el ámbito de la intervención social para el año 2026.

La cantidad total asignada asciende a 4.792.480 euros, presupuesto que se inscribe en la voluntad de reforzar la capacidad de las entidades para desarrollar proyectos con impacto directo en la cohesión social y la calidad de vida de las personas más vulnerables.

Este paquete de ayudas forma parte de un marco más amplio de apoyo al tercer sector y al desarrollo social y comunitario, y se enmarca en las prioridades de la política autonómica orientadas a la sostenibilidad de los programas sociales a medio plazo.

Entre las partidas destacadas figura la convocatoria para la asistencia material básica, que se configura como un programa estratégico para apoyar a familias con menores a cargo en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La iniciativa, cuyo techo presupuestario se sitúa en alrededor de 4 millones de euros, financia tanto la entrega de recursos materiales como las medidas de acompañamiento y la asistencia técnica, todo ello en el marco del Fondo Social Europeo Plus (FSE+ 2022-2027).

Tal y como ha explicado la portavoz Maria Ubarretxena, las ayudas previstas podrán reconocerse a la persona solicitante hasta el 31 de diciembre de 2026 y serán modulables cada tres meses en función de la realidad de la unidad familiar.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración entre la Administración General de Euskadi y el Ayuntamiento de Barakaldo para dar continuidad a un proyecto integral piloto orientado a facilitar la emancipación juvenil dentro del sistema de juventud, con la participación de los propios jóvenes en un proceso de transición social y demográfica.

La dotación vinculada a este convenio es de 890.000 euros y representa una pieza clave para sostener el trabajo iniciado desde finales de 2023, con un anexo que adapta y prorroga su vigencia para mantener la línea estratégica.

En otro apartado, se ha informado de la adenda de prórroga del convenio de colaboración entre el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y Cruz Roja Española.

Esta entidad continuará durante 2026 como colaboradora en la gestión del programa de ayuda material básica, cofinanciado por el FSE+. El importe máximo destinado a financiar este programa en 2026 asciende a casi 4 millones de euros, distribuidos entre productos de la asistencia material básica, medidas de acompañamiento y asistencia técnica, siempre en coherencia con la programación FSE+ 2021-2027.

En materia de empleo y prevención, el Consejo de Gobierno ha aprobado también ayudas a la actividad sindical por un total de 432.000 euros, que permiten a las centrales sindicales con representación en la Administración de Euskadi financiar sus gastos y actividades tanto en el ámbito de la Administración como en la Mesa General.

En paralelo, se ha dado luz verde a una convocatoria de subvenciones por más de 577.000 euros para la prevención de riesgos laborales en Euskadi durante 2026, liderada por Osalan – Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Estas ayudas están dirigidas a trabajadores y empresas, con especial atención a las pequeñas empresas, es decir, aquellas con una plantilla inferior a 50 trabajadores.

Según Ubarretxena, el objetivo principal es fomentar acciones intersectoriales y sectoriales que contribuyan a la mejora de la seguridad y la salud en el entorno laboral.

Otra pieza clave es la modificación del decreto regulador de las subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales para la realización de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de las personas vinculadas a estas entidades en sus ámbitos de actividad.

La revisión responde a la necesidad de alinear la norma con la Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones y garantizar la continuidad de estos planes formativos ante cambios normativos.

En cuanto a cooperación internacional y acción humanitaria, se ha aprobado una subvención directa a Cruz Roja Internacional por valor de 300.000 euros para apoyar la respuesta humanitaria destinada a la población afectada por el conflicto en los territorios palestinos. La ayuda se concede con exoneración de la garantía real, dada la naturaleza y la urgencia de la actuación, en un gesto que reafirma el compromiso de Euskadi con la protección de la población civil y la acción humanitaria en contextos de crisis.

Por último, se ha tomado conocimiento del Memorando de Entendimiento con el Gobierno de la prefectura de Fukushima (Japón), cuyo objetivo es reforzar la cooperación económica entre ambas partes.

Este acuerdo buscará profundizar en áreas como energías renovables, eficiencia energética y tecnologías de almacenamiento de energía; también se abordarán avances en biotecnología, Industria 4.0 y gastronomía. Este Memorando representa un paso más en los vínculos entre Euskadi y Japón, especialmente con la región de Fukushima, en un marco de fortalecimiento institucional y empresarial que trasciende sectores.

En conjunto, estas medidas reflejan la intención de Euskadi de consolidar una política social integral, que combine apoyo directo a familias y colectivos vulnerables con iniciativas de desarrollo económico, formación, seguridad laboral y cooperación internacional, en una línea que busca la cohesión social y la estabilidad a medio plazo.