Desde el 31 de enero hasta el 3 de febrero de 2025, una delegación del Gobierno Vasco, que incluye representantes de la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad y Zehar-Errefuxiatuekin, realizó una visita a Costa Rica.

El objetivo de esta misión fue revisar la situación de la Plataforma Nacional Juvenil Nicaragua, que agrupa a jóvenes nicaragüenses en el exilio. Entre ellos, se cuenta una persona que tuvo la oportunidad de recibir apoyo en Euskadi a través del Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (NARE).

Durante su estancia, la delegación se reunió con diversas organizaciones de derechos humanos, feministas, LGTBIQ+ y periodistas que se encuentran trabajando desde el exilio en Costa Rica.

Esto incluyó diálogos sobre las inquietudes respecto a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, un país que ha visto un aumento preocupante en la represión política y violaciones de derechos desde 2018.

A partir de datos compartidos por estas organizaciones, se estima que más de 800.000 nicaragüenses, equivalentes al 15% de la población, han buscado refugio fuera de su país debido a la crisis. En la actualidad, más de 440.000 solicitudes de asilo han sido tramitadas globalmente, incluidas algunas en Euskadi.

La delegación también estableció contacto con iniciativas de protección, como las Brigadas Internacionales de Paz y la Fundación Acceso, además del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Estas reuniones subrayaron el compromiso del Euskadi en visibilizar su apoyo hacia los defensores de derechos humanos.

Los informes revisados durante la visita manifestaron una clara preocupación por la continua criminalización y persecución de defensores de derechos humanos en Nicaragua.

Las personas que defienden los derechos y la democracia se enfrentan a constantes amenazas, lo que ha llevado a muchos a huir del país. Del mismo modo, se enfatizó el impacto negativo que esto tiene en su salud mental y física.

Las violaciones de derechos humanos que enfrenta la población en Nicaragua son alarmantes. Las organizaciones destacaron que los ataques a la vida, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica han aumentado significativamente.

Además, muchos han sufrido el acoso por parte del gobierno y han sido víctimas de detenciones arbitrarias. Desde 2018, se ha evidenciado un cierre progresivo de más de 500 organizaciones sin fines de lucro, lo que limita notablemente el espacio cívico y amenaza la libertad de prensa.

En este contexto, la censura se ha intensificado, y los periodistas críticos han sido calificados de "traidores a la patria", con cerca de 283 de ellos viviendo en el exilio.

La violencia de género también se ha elevado, con un ligero aumento de feminicidios y violencia sexual, afectando gravemente a niñas y adolescentes.

La falta de acceso a justicia y servicios de salud, especialmente en un contexto donde el aborto es penalizado en todas las circunstancias, genera un círculo vicioso de vulnerabilidad.

A su vez, la juventud nicaragüense enfrenta serios obstáculos para acceder a una educación de calidad, lo que pone en riesgo su futuro y sus posibilidades de participación activa en la sociedad.

En respuesta a esta grave situación, la Delegación Vasca reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos. A través del fortalecimiento del Programa NARE, así como de otras iniciativas de apoyo a organizaciones y comunidades, Euskadi se posiciona como un aliado en la lucha por una Nicaragua libre, justa y democrática.

La esperanza persiste entre las organizaciones que trabajan incansablemente tanto en el exilio como en el contexto nicaragüense, demostrando que, a pesar de las dificultades, no se rinden en la búsqueda de un futuro mejor.