En Euskadi, la delegación vasca del Programa NARE – Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – ha concluido una misión de seguimiento en Colombia, mediante un comunicado en el que se reitera el compromiso del País Vasco con la defensa de los derechos humanos y la construcción de una paz con garantías sociales, ambientales y de género.

El objetivo de la misión fue monitorear la situación personal y comunitaria de las personas acogidas por el programa, fortalecer sus redes de protección y visibilizar el respaldo del Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco y la sociedad vasca.

La directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Ainhoa Zugasti, que encabezó la delegación, señaló que la misión representa un acto de solidaridad y de respaldo político internacional del País Vasco, no solo hacia las defensoras y defensores de derechos humanos, sino también hacia una paz con garantías y basada en el respeto de los derechos humanos en Colombia.

Tras 15 años del programa NARE, existe una apuesta firme de acompañamiento y corresponsabilidad: la presencia institucional vasca refuerza la protección, visibiliza los riesgos y apoya a quienes defienden los derechos humanos, la vida, el territorio y la justicia social.

En el comunicado final, la delegación reconoció la voluntad del actual Gobierno colombiano y el marco institucional para avanzar en la construcción de la paz y en la defensa de los derechos humanos, así como su compromiso para superar las violencias e inequidades históricas.

Además, expresó su solidaridad con el movimiento social y las comunidades que trabajan por la defensa de la vida y el territorio.

La delegación, integrada por representantes de eLankidetza – Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, el Parlamento Vasco, la Coordinadora de ONGD de Euskadi, Fundación Alboan, Movimiento por la Paz (Colombia) y Zehar Errefuxiatuekin, ha alertado sobre la gravedad y degradación del conflicto armado, manifestando especial preocupación por el posible recrudecimiento de las violencias en el actual periodo electoral, la persistencia de ataques contra personas defensoras de derechos humanos y la insuficiente presencia del Estado en los territorios.

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a reforzar una paz integral, basada en la protección de la vida, la participación efectiva de las comunidades, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y una presencia estatal en todo el territorio, con un enfoque basado en garantizar los derechos humanos y la justicia social.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección para las personas defensoras de derechos humanos y para ello ha reclamado que se garanticen canales seguros de denuncia dentro del marco de una justicia efectiva y reparadora.

También ha expresado su preocupación por el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, la violencia sexual y la trata de personas, así como por la implicación de actores empresariales en la generación de violencias, destacando el caso de la empresa Smurfit Westrock en Cajibío (Cauca) por sus impactos socioambientales.

Además, la delegación vasca ha reiterado su respeto, apoyo y solidaridad con el movimiento social colombiano, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, comunidades campesinas, pueblos indígenas y el pueblo negro, reconociendo su resistencia y compromiso con la construcción mediante el diálogo de un país en paz.

Asimismo, ha reafirmado su apuesta clara por el fortalecimiento del programa NARE y su compromiso con el acompañamiento a los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en Colombia.

Además, ha tendido su mano para seguir manteniendo espacios de diálogo y colaboración con las instituciones y organizaciones del país.

La visita de seguimiento de la delegación se ha desarrollado entre el 22 y el 31 de enero, con una intensa agenda de trabajo que ha incluido encuentros con organizaciones como la Asociación Campesina de Desarrollo Rural (ACADER), la Asociación de Desplazados y Mujeres de Antioquia (ADMA) y la Consejería de Mujer y Familia del Pueblo Awá, entre otras.

Sus demandas y preocupaciones han sido trasladadas a las instituciones públicas colombianas. Además, la agenda ha contemplado reuniones con organismos internacionales y representantes del cuerpo diplomático presentes en el país como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la embajada de España en Colombia.