En Euskadi, Kontsumobide, el Instituto Vasco de Consumo, quiere dejar claro que la ley se aplica también a la publicidad de los alquileres. No basta con vender un piso: debe informarse con claridad sobre lo que se paga y lo que se recibe. Este año terminarán 25.695 contratos de alquiler en la CAV, y un tercio de ellos en Gipuzkoa, según los datos publicados por las autoridades. Es una muestra de la intensidad de la demanda y de la presión que empuja los precios y las condiciones de contratación. A la vez, organizaciones sociales como Stop Desahucios advierten de prácticas que dificultan la estabilidad de los inquilinos, como la no renovación de contratos o la aparición de nuevos anuncios con precios que suben sin justificación.

Todo ello subraya la necesidad de exigir publicidad veraz y bases objetivas para decidir.

Kontsumobide recuerda que las agencias y los portales tienen obligaciones claras, especialmente en zonas tensionadas. La información sobre el precio debe ser total y transparente: renta mensual, gastos obligatorios, comisiones o costes de intermediación, para que la persona consumidora conozca el coste real del arrendamiento antes de firmar.

Además, la normativa distingue entre:

- En el caso de los propietarios particulares, es obligatorio indicar la renta del contrato anterior para evitar subidas injustificadas y permitir la comparación con precios históricos.

- En el caso de los grandes tenedores, hay que informar del índice de referencia utilizado y explicar la relación entre ese índice y el precio ofertado, para garantizar que los alquileres se mantengan dentro de los límites legales.

Tanto las agencias como los portales deben verificar la información, evitar prácticas engañosas o publicidad desleal y asegurar que los datos sean coherentes durante todo el proceso de búsqueda y contratación.

Por ello, el Instituto Vasco de Consumo intensificará la vigilancia de los anuncios de alquiler y trabajará de la mano con las oficinas municipales de consumo para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger a los arrendatarios frente a prácticas ilegales o especulativas.

¿Dónde pueden reclamar las personas afectadas? Kontsumobide es el organismo encargado de velar por la transparencia del mercado inmobiliario y de tramitar las reclamaciones aportando la documentación que acredite incumplimientos.

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) son la vía local para información, mediación y tramitación de quejas; la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi ofrece la posibilidad de un laudo vinculante si la agencia o el arrendador están adheridos; las Asociaciones de Personas Consumidoras permiten la defensa de intereses colectivos; y si fuera necesario, la vía Judicial para cláusulas abusivas o reclamación de daños.

Como contexto histórico, la regulación de alquileres ha cambiado en España y Euskadi a lo largo de las últimas dos décadas, con reformas de la LAU que buscaban mayor claridad en precios, duración y condiciones; la tensión por la vivienda ha llevado a que las administraciones refuercen la protección a inquilinos y promuevan la oferta estable.

Sin perder de vista esa trayectoria, la vigilancia de Kontsumobide se sitúa en un marco actual de emergencia habitacional que empuja hacia un mercado más transparente, justo y menos especulativo.